Los regímenes de bienestar social instaurados por las élites tradicionales en el poder en Ecuador y América Latina han enfatizado en una mercantilización del bienestar de carácter excluyente o, en su defecto, en un enfoque asistencialista. Esto significa que los sectores populares debían acceder al mercado para pagar servicios de bienestar social o esperar que la buena voluntad de comités, juntas o personas individuales pueda activarse para satisfacer ciertas demandas o servicios.
Algunas áreas de la política social eran dirigidas y ejecutadas desde instancias voluntaristas y carentes de profesionalización, como patronatos, institutos, ‘primeras damas’ con buena voluntad en muchos casos, pero carentes de los recursos y experticias para llevar a cabo los programas sociales hacia la población ‘vulnerable’ de nuestra sociedad. O en su defecto, la política social ha tenido un carácter errático, disperso, y con un rol ambiguo y débil del propio Estado. En la etapa neoliberal un ámbito de la política social fue transferido hacia la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales o hacia los territorios para que la realizaran. Redes de clientelas políticas se asentaban en la distribución de beneficios sociales a través de políticas sociales de carácter populista. Se instauraron paquetes de políticas, con compensaciones económicas, como bonos, condicionados a ciertos requisitos de salud o educación.
Frente a este tipo de políticas sociales, se han realizado esfuerzos en este Gobierno por fortalecer las políticas sociales a través de inversiones importantes, de un reposicionamiento del Estado como rector de esas políticas, y por transitar hacia un enfoque de ciudadanía, que implica un giro para mirar no a pobres o grupos vulnerables, sino ciudadanos con derechos de acceso a servicios de bienestar.
Esto ha permitido mostrar algunos indicadores positivos de reducción de pobreza e inequidad. No obstante, esta transición no ha estado exenta de dificultades, como cambios constantes de equipos profesionales a cargo de ellas o falta de líneas de continuidad, improvisación, gastos superfluos, e incluso dificultad por imaginar nuevos paradigmas que permitan salir de transferencias condicionadas y esquemas impuestos por el propio neoliberalismo. De ahí que las brechas de cobertura para lograr la universalización de varias políticas todavía son amplias.
Por ello, en principio, que un Municipio como el de Quito inicie una política de instalación de los denominados ‘Guagua centros’ infantiles no constituye en sí mismo un desperdicio de recursos, pues los sectores aún sin atención son muchos. Pero es importante que este trabajo se realice bajo la rectoría del Estado que ha transitado ya por un cambio de enfoque y que no reproduzca las prácticas tradicionales ya superadas de ‘madres voluntarias’, o de ‘guardería’ de niños en condiciones de pasividad o peor aún de deficientes condiciones de alimentación y cuidado. Lo que sí suena como un regreso del enfoque asistencialista de caridad hacia el ‘más pobre’ es la teletón que anuncia el Municipio. Un evento de recaudación de dinero que no siempre transparenta la distribución posterior de recursos y que, además, puede ser utilizado de forma proselitista. De ahí que el anuncio de la teletón y su concepto clientelar corresponden a un regreso al pasado del paternalismo de élites aristocráticas en descomposición.