Hace algunas semanas mi atención fue capturada por un breve texto sobre la concesión de las visas americanas en la ciudad de Guayaquil, fruto de una investigación durada algunos meses. Su autor, Jeffrey Herlhy Mera, toma como punto de partida el tema de la libertad académica: para asistir a los congresos académicos en EE.UU., prácticamente todos los participantes latinoamericanos, africanos y asiáticos tienen que obtener una visa, que no siempre es concedida. La supuesta apertura académica estadounidense es así severamente puesta en tela de duda, ya no por una discriminación ideológica (aunque esto también ha sucedido: vean por ejemplo el caso de Tariq Ramadan), sino por razones económicas, de edad y nacionalidad.
El punto me interpela desde cerca, ya que acabo de entrar a Estados Unidos tras haber participado en una conferencia en Canadá. Siendo titular de un pasaporte incluido en el Programa de exención de visa (el permiso para entrar contempla un simple formulario en internet y un pago de 14 dólares), no he tenido que pasar por ninguno de los trámites que describe Herlhy Mera. Así que he podido cómodamente acceder a EE.UU., a Canadá, exponer mis tesis y darme un paseo. Lo voy a llamar por su nombre: un privilegio. Que me favorece y, a la vez, me indigna profundamente.
“El diablo está en los detalles” recita un famoso refrán, y de estos, el texto mencionado abunda. Destacan elementos como la falta de competencia lingüística de los adjudicadores de visa, la discriminación hacia los adultos solteros, la arrogancia de los adjudicadores, la brevedad de las entrevistas (en las cuales a menudo la documentación es incluso ignorada) y el consecuente juicio basado puramente sobre la apariencia y el lenguaje corporal del candidato. Otro punto que la investigación pone en desnudo es la falta de regulación gubernamental y parlamentaria de las entrevistas, lo cual va de la mano con la autonomía financiera de los consulados. ¿Cómo se financian estos, entonces? A través de los 172 dólares que cada candidato tiene que pagar para poder postular, dinero que obviamente no es devuelto en caso de rechazo de la visa. Se trata de un detalle que sabe a trágica burla si consideramos que una de las razones principales por negar la visa es la pobreza del candidato, el cual se verá substraído de una cantidad de dinero que, en países como Ecuador, no es una bagatela.
Herlhy Mera subraya justamente la naturaleza desigual del mecanismo de las visas, pero es sobre el tema académico que recaen sus mayores atenciones. Postula, por ejemplo, que las convenciones anuales se celebren en países con políticas de visas equitativas (aquí, Ecuador podría jugar un papel proactivo, atrayendo gracias a su relativa apertura migratoria los foros académicos más sensibles hacia esta cuestión) o que los participantes que tienen que obtener una visa reciban una exoneración de 172 dólares en su cuota de participación. Mi personal sugerencia -más allá de las sensatas reivindicaciones de carácter corporativo- es que países como Ecuador postulen con mayor fuerza en las sedes internacionales adecuadas la devolución del dinero a los candidatos rechazados. Se trata de un criterio mínimo de justicia y respeto que se debe a cada ser humano. (O)