El término ‘violencia institucional’ parece que estuviera proscrito del vocabulario de la Mesa de Diálogo en La Habana, ante la insistencia de declarar a las FARC como únicos victimarios, a pesar de que la guerrilla no surgió por generación espontánea. Su causa primaria es precisamente la violencia institucionalizada, que no solo se ejerce con las armas del Estado, sino por graves incumplimientos de deberes estatales, de los que resultan poblaciones que sucumben en la miseria, hambre, desnutrición, desempleo, ignorancia y toda suerte de violaciones a sus derechos fundamentales.
A principios de la década del 60 del siglo pasado, unos campesinos aguerridos reaccionaron indignados ante las injusticias y fundaron las ‘autodefensas campesinas’. Se fueron al monte con sus esposas, hijos, gallinas, vacas y lo mínimo necesario para sobrevivir. Quizá no fue tan bucólico, pero no eran guerrillas organizadas. A la guerrilla no se va con la familia.
Tanto el gobierno conservador de Guillermo León Valencia como el cardenal Concha rechazaron un diálogo con las autodefensas campesinas que organizó un profesor de la Universidad Nacional, y se desoyeron voces sensatas que han debido disuadir del fracasado bombardeo a Marquetalia, sitio montañoso y nublado, poco propicio para que la aviación de entonces diera con el blanco. Meses después, 28 campesinos liderados por Tirofijo, intocados por las bombas genocidas, fundaron las FARC, y se inició el conflicto bélico que perdura por más de 50 años, con un Estado que pretende que para que llegue la paz, basta con sancionar a los insurgentes por medio de una justicia transaccional que equivaldría a su rendición.
Las FARC erraron por haber optado por el terrorismo y el narcotráfico, por lo cual deben ser sancionadas, pero “los grandes nichos de impunidad están en los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro”.
Lo sostiene un asesor jurídico de las FARC, abogado español Enrique Santiago, invitado a asesorar los diálogos de paz por el Gobierno noruego, uno de los garantes.
A la pregunta que le hace la revista Semana: ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? responde que eso lo tenía que haber establecido la Fiscalía. Pero no lo ha hecho, y añade que la Fiscalía creó una unidad de contexto sobre los delitos de las FARC y tiene documentados más de 50.000 crímenes y hay 800 funcionarios trabajando en eso. “Pero la propia Fiscalía reconoce que no hay una unidad de contexto para los casos de crímenes de Estado ni del paramilitarismo”.
De haber pena de prisión, debería ser para todos los responsables, no solo para las FARC. Estas, según su abogado, no buscan una simetría absoluta. Están diciendo que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir.
En este sentido va el más reciente acuerdo en los diálogos de La Habana que sellaría un pacto sobre justicia con más equidad, en cuanto que ambas partes aceptarían ser culpables de la violencia armada. (O)