La inseguridad ciudadana y la inseguridad jurídica campean en todo el país. Actos terroristas, uso de explosivos, atentados y sicariato que han regado sangre de personas unas con antecedentes delincuenciales y otras sin ellos, en varias ciudades del Ecuador, nos llevan a velocidad inusitada a que muy pronto seamos, si es que yo no somos un Estado fallido, en el que el crimen domina, y somete, en el que la violencia campea, en el que la impunidad es una marca y en el que las licenciosas medidas de ciertos jueces apuntalan a los delincuentes y vetan al Estado de Derecho y sus organismos de defensa y seguridad actuar con pleno respaldo constitucional y legal, ya que policías que han intervenido en cumplimiento de su deber, han terminado siendo sentenciados a cumplir largas penas en centros de detención en los que probablemente su vida queda sujeta a riesgo permanente.
Se ha hecho conocer que se han cometido 145 atentados con artefactos explosivos, lo que ya es grave, muy grave, pero no sorprende, la escalada es geométrica, el reporte de la crónica roja en el que se explayan algunos medios escritos y televisivos es espeluznante. No es casual, lo que sucede, es causal, la suma de leyes aprobadas por las peores Asambleas legislativas de la historia, las de los levanta manos verdes flex y las subsiguientes, en las que el color cambio a rojo, con la complicidad del amarillo, han servido de colchón para que los delincuentes algunos de cuello blanco y prófugos hagan de las suyas, sigan en la impunidad y se logren mermas a las activades y prácticas policiales, como son el uso de armas, el uso de canes, el uso de caballos, para defensa del interés de los inocentes, de los humanos y en la lucha contra toda forma de crimen, sea organizado, o el cometido por los vándalos camuflados en acciones terroristas a las que llaman paros. Sin duda que el animalismo analfabeto en el acto de legislar prima.
Los actos de violencia, también han vuelto a tomar cuerpo en el deporte popular, en el fútbol profesional, entre los meses de marzo a agosto de este año, se han producido invasiones al campo de juego de: público, en partidos Emelec-Delfín, Emelec -Independiente del Valle- y se agredieron a los árbitros en los cotejos Deportivo Quito- Espoli, y por último Macará – Aucas, ¿Que tipo de sanciones el Estado ha aplicado a los organizadores de esos eventos? ¿La fiscalía ha intervenido, cuál era su deber, ante hechos bochornosos, antideportivos y que ponían en riesgo la seguridad de las personas agredidas y de otros que colateralmente pudieron haber sido afectados? ¿Que se ha hecho para demostrar que el fútbol no es un estado dentro de otro y que se ha actuado ante acciones flagrantes de agresión colectiva, en estadios? El Estado tiene que pedirle cuentas a los organizadores del fútbol, por muy popular que sea, y que a todos nos guste? Tarde o temprano la violencia cobra nuevas vidas y recién allí vendrán las acciones, que duran poco, el tiempo que el escándalo social las mantiene.
Legisladores mediocres no se han atrevido a crear una ley especial cual existe en otros países , que sancione a los que cometan o den paso por acción u omisión a actos violentos en escenarios o espectáculos deportivos, entre esos según la doctrina de la materia están: dirigentes, periohinchas, racistas, machistas, xenófobos, regionalistas, homofóbicos, los propios jugadores, árbitros, entrenadores y claro las hinchadas ultras, los fanáticos que se preocupan más que pierda su clásico rival, aunque fuere con otro equipo, antes de que triunfe el suyo, toda esta fauna de violentos, crea violencia y en escenarios deportivos, es un tipo de violencia que penalmente tiene tratamientos diferentes a los de la violencia común, por eso la necesidad de leyes especializadas. Hace años se incluyó y consta en el actual COIP un par de artículos que no son suficientes para prevenir, y posteriormente sancionar a los que comentan desmanes, antes, durante o después de los eventos sobre todo futboleros.
Las sanciones deportivas, de los organismos deportivos, no han de estar por sobre las que el Estado tiene la obligación de crear para proteger a los actores de los espectáculos deportivos, y a los que de asisten a los mismos.
Está desbordado el país la violencia lo tiene contra la pared. Hay canales de televisión que tienen éxito de taquilla promoviendo novelas en las que el crimen organizado es el protagonista, mala escuela para la sociedad que mira eso, al final apología de esa forma de vida.