Hoy se celebra el Día Mundial de la No violencia hacia la mujer, millones de mujeres de todo el mundo son cruelmente golpeadas, violadas o incluso asesinadas en contra de los derechos humanos. Es entonces importante reivindicar la igualdad, la justicia y sus derechos.
¿Qué más violencia puede acumularse en una mujer que ha sido violada y producto de la misma cursa con un embarazo no deseado? ¿Qué más violencia contra una mujer puede haber frente a un embarazo que trae un hijo con graves malformaciones o monstruosidades?; cualquiera sea el caso, las leyes ecuatorianas, basadas en criterios moralistas, religiosos y retrógrados, obligan a la mujer a continuar su embarazo y, aún más terrible, penalizan la interrupción voluntaria del mismo.
Mucho se ha dicho sobre la despenalización del aborto, se ha argumentado sobre la problemática de salud pública, las muertes de madres que acuden a una interrupción voluntaria y que por malas condiciones de atención fallecen por infecciones o perforaciones uterinas. Frente a esta realidad y a las muertes de las madres hay un silencio de todos.
Las estadísticas dan cuenta de que el 99% de las mujeres cuyos hijos traen una malformación grave genéticamente determinada pide la interrupción terapéutica de su embarazo; algo similar ocurre con las mujeres violadas. Las tragedias que rodean a estas madres son terribles: abandono del hogar o de su compañero, discriminación familiar o suicidio. Sin embargo, frente a esta problemática, la sociedad se vuelve indolente al igual que el Estado. Hay quienes defienden la vida de un cigoto a ultranza, pero apoyan la pena de muerte. ¿Qué más violencia puede ser esta contra la mujer?
Según la OMS, en el Ecuador se practican entre 90 a 95 mil abortos anuales inseguros. La problemática de salud se incrementa al observar que en el país 30% de discapacidades intelectuales y físicas tiene origen genético. El 90% de problemas malformativos puede ser detectado con ecosonografía y podría ser prevenido si la mujer, libre y voluntariamente, solicita una interrupción terapéutica. Con igual derecho podría solicitarlo una mujer violada. Tal vez para la salud pública es más conveniente practicar un aborto seguro que socialmente cargar con la muerte de las madres.
En el Ecuador no se discute este tema, se lo mantiene como tabú, nos hacemos los ciegos, sordos y mudos. Bien por las campañas del Gobierno sobre la educación sexual, el embarazo adolescente y la no violencia, pero hay quienes se preguntan: ¿Qué más violencia contra la mujer es obligarla a llevar un embarazo que no desea por problemas genéticos o por violación?