Cómo concebirnos como un país democrático y civilizado, si cada semana 40 niñas menores de 14 años paren víctimas de violación, la gran mayoría por incesto?
Es devastador aceptar que gracias a la irresponsabilidad de varios asambleístas al abstenerse o votar en contra de la despenalización del aborto por violación, no habrá intercesión; que niñas y mujeres deberán seguir callando, esperando a que su memoria haga un esfuerzo por registrar y organizar recuerdos para poder sobrevivir al más alto de los precios.
La Asamblea Nacional perdió la oportunidad histórica de conferir dignidad humana plena a las víctimas de abuso sexual infantil y violación; de socorrer a mujeres y niñas en sus tránsitos más violentos y desgarrados. Los cálculos políticos y las creencias religiosas se impusieron por sobre la protección eficaz que toda víctima de violencia sexual merece.
La Iglesia, sin pudor alguno, metió otra vez su mano en la política, determinando la trayectoria de la despenalización del aborto por violación. Esas pías manos, que a nivel mundial no tuvieron reparo alguno en violentar sexualmente a los más jóvenes de sus feligreses.
Una sociedad desmovilizada, aletargada, ajena de realidades sociales lacerantes, que se conforma con el mutismo de un Estado convencido de que la violencia sexual y sus brutales consecuencias es algo que acontece “a la distancia” al margen de su proceder, pasividad u omisiones.
Como país nos hemos condenado a convertirnos en un vertedero donde la empatía y la compasión van desapareciendo y los principios tienen precio, de oro para algunos o de saldo para otros.
Nos equivocamos al dar la espalda a las víctimas de incesto, violación y abuso sexual infantil, y por más que nos esforcemos en creer que “actuamos bien” o que “hicimos lo justo”, no puede existir bien ni bondad o justicia posibles cuando se deniega o entorpecen procesos de auxilio y reparación de niñas y mujeres en situaciones de extremo sufrimiento. ¡Ojalá podamos enmendarlo! (O)