Interesantes observaciones hace la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Catalina Botero. Algunas ofrecen un polo a tierra a los asambleístas para que no se pierdan entre los vericuetos jurídicos y la ley no quede por fuera de la realidad práctica de la comunicación, y otras dan a entender que hay quienes consideran que el derecho a la libertad de expresión y los que tienen relación con ella están por encima de otros derechos. Si ello fuera así, ¿para qué entonces una ley de comunicaciones?
Me parece importante trabajar los puntos que hablan sobre la coherencia y la concreción porque la claridad, en estas materias, otorga garantías al desarrollo de esta actividad y evita que se cuelen por las hendijas de la imprecisión injerencias indebidas y atentatorias de la libertad de expresión, olvidando que esta es una ley para el Ecuador y no para proteger intereses particulares o los de un gobierno de tal o cual posición política. Por ejemplo, hay temas que necesitan concreción como que la responsabilidad ulterior se predique de quienes hacemos opinión, y de los medios, solo en cuanto al tratamiento de la noticia o posición editorial y que no haya una responsabilidad ulterior de los medios por cuenta de y quienes allí opinemos porque eso daría lugar a la censura previa y atentaría contra la libertad de expresión.
Respetando el valor de los argumentos de Botero, aunque discrepando en algunos puntos específicos, considero que un país no debe estar en la obligación de adherirse completamente a criterios de libertad absoluta sin Dios ni ley, cuando lo que se busca es que haya una correspondencia de derechos para que el ejercicio de algunos no atente contra el ejercicio de otros, al punto que expertos ajenos al gobierno abogan por una ley de medios, referida a temas concretos, que delimite el radio de acción del Consejo de Regulación que además goza del temor de que sus miembros, representantes de la ciudadanía que nombra la Comisión de Participación, sean un “bypass” para que el gobierno tenga mayoría, poniendo en riesgo su independencia. Presumir la mala fe, ni es legal ni es lo mío, pero para evitar suspicacias, lo mejor es contar con un marco legal amplio, coherente y expreso, que respete la Constitución y los tratados internacionales, donde prevalezcan la libertad de expresión y se garantice el derecho de una sociedad a tener acceso a información y entretenimiento, que la enriquezcan y no la envilezcan en favor de intereses económicos o políticos.