La pregunta ahora es saber exactamente qué tonalidad de “verde” serán los impuestos. Porque la incitativa medioambiental conjunta de los ministerios que parecía tener un fundamento concreto, se está desvaneciendo con cada detalle revelado y con el vaivén tributario de los últimos días. Se evidencia la improvisación cuando no existe un acuerdo real y concreto sobre el número de Kw ni un análisis regional de los hábitos de consumo y la naturaleza de estos hábitos. Parece que el ministro Albornoz nunca ha pasado una temporada en Guayaquil. Porque son estas ineficiencias, más que las propias del sistema eléctrico, las que desvalorizan el impuesto verde.
Como también se desvaloriza un impuesto vehicular que castigue el precio, más que el consumo. O cambia la naturaleza del impuesto o inclúyelo en un paquete diferente. Y entonces lo podremos criticar en al paquete diferente. Porque, técnicamente, resulta incluso ilógico castigar al carro de lujo por motivos de contaminación, cuando suelen ser más eficientes que los carros de menor precios y más viejos. De lo contrario, estamos castigando al “pelucón” por tener plata y que, por lo tanto, puede pagar el impuesto, a regañadientes, pero lo puedo pagar; y también castigamos al usuario medio, con un carro promedio, que si bien paga una cantidad bastante menor, esa cantidad es más significativa en su presupuesto familiar (si le sumamos las otras tasas e inventos mecánicos a los que debemos someter anualmente nuestro carro).
¿Cuál es el fin? Las metas son idealistas y loables, pero pierden su valor por estos rezagos de la inoperancia gubernamental. Pierde credibilidad el régimen y genera desazón en el usuario que está cansado de pagar y pagar. Cuatro años de gobierno y uno esperaría una mejor coordinación. Y, lastimosamente, la falta de un impuesto verdaderamente verde no cambia la realidad de un ambiente medio marrón. Porque nos centramos en criticar la solución, mientras el problema sigue latente.
En el Diario La República 2.0 (una gran iniciativa, por cierto), Tania Tinoco pregunta si es un delito consumir más de 500Kw (antes de que hubiere la reforma). Lo es. Como también lo es movilizarnos en carro, usar botellas de plástico y no reciclar. Son delitos que cometemos contra la naturaleza porque crecimos en una sociedad de consumo no sostenible. Son delitos aceptados por el Estado y cotidianizados por nosotros. No soy extremista. Pero quién mejor que nosotros para destruir el planeta. El gobierno propone una solución: ¿errare humanum est?