Muchas situaciones nos pueden desviar de lo que siempre debe importar: el ser humano. Habrán quienes, desde su nivel de comodidad (cuentan con progenitores con alto poder adquisitivo; gozan deempleo estable por el cual reciben un salario más que modesto; han sido acreedoras(es) a una herencia; son funcionarias(os) del Estado bajo la modalidad delibre nombramiento y remoción, con salario mayor a 2500 USD; por mencionar varias circunstancias) destinan todo su contingente en actividades suntuarias, de ocio, de recreación. Legítimas, desde luego, pero desde la óptica social, colectivamente resultan no prioritarias. De hecho, en nuestras sociedades latinoamericanas, especialmente las ubicadas en el cono sur, se trata de “un puñado” de personas que, desde su zona de confort prefieren, o decir “eso no ocurre en mi metro cuadrado” y mirar ‘para otro lado’; o, simplemente, como decía un actorecuatoriano parodiando a una presentadora de ‘reality’: “… coger mis cuatro maletas y me voy pa…” (usted complete y ubique el destino). E inclusive, así piensan varias hermanas y varios hermanos que están dentro del aparato privado y del aparato público; lo segundo más grave que lo primero dado que están ahí para prestar contingente en pro de ser instrumento de utilidad a la ciudadanía y con ello vencer al subdesarrollo (al menos desde la teoría y el deber ser).
Bajo ese contexto, una de las problemáticas sociales, que, lamentablemente, muchas y muchos poco comprendemos, es la relacionada con menores y adolescentes cuando infringen la Ley. Me voy a referir a -como comúnmente se conoce- las y los adolescentes infractores. Y quiero partir de lo que aseveró cierto presentador de noticias de un medio de comunicación nacional, luego de comentar una nota donde se observaba a una persona menor de edad atentando contra las pertenencias de otra persona; parafraseando dijo: Yo no entiendo por qué ese chico (nótese ‘ese’) no se pone a trabajar en vez de estar delinquiendo… por lo menos venda agua… (y, a continuación, emitió varios calificativos con el fin de denostar a aquella persona menor de edad que se visualizaba en aquel video).
Mi primera reacción fue: ¡Qué fácil es apuntar, desde una buena comodidad! ¡Qué sencillo es condenar e ir en contra de la persona, hundiéndole más! ¡Qué rápido puede ser satanizar y “enviar a”, como receta mágica que resuelve todo, cuando no hay empatía con la persona (no con la acción) y cuando deliberadamente se deja de lado el trasfondo!
Me permito ampliar y precisar, como académico, como creyente en el buen Dios, pero sobre todo, como persona de bien. Aquí hay que ser absolutamente claros y no hablar entre líneas: estoy convencido que quienes “algo tenemos” de razón jamás podemos ni podremos justificar una transgresión legal, o un delito. Bajo ningún concepto se puede tolerar o aceptar que una situación socio-económica determinada puede o pueda resultar una licencia para incurrir en delito(s). ¡Nunca!
Ahora bien, aquí no estamos hablando de animales que hurtan, roban, etcétera. ¡No! Aquí estamos hablando de nuestros pares, seres humanos, como ustedes y como yo. Es necesario insistir en que las y los involucrados son seres humanos, menores de edad, sí, pero humanos, para entonces rechazar, desaprobar y hasta sí expulsar toda acción populista, chabacana o de alto interés y beneficio de índole mediático (tenida por alguna persona que usufructuando el privilegio que tiene al contar con un micrófono o una cámara persigue ganar unos cuantos ‘likes’ o seguidores, y tal vez mayor “fama”) generando impacto negativo en la persona menor de edad que delinque; más cuando, desde una posición privilegiada (contando con una plaza de empleo con salario jugoso) se reduzca todo a enviar a uno o varios adolescentes infractores a “trabajar” vendiendo agua. Preguntas, tan sólo interrogantes (la primera tal vez desde el fastidio): ¿En el supuesto de que fuera el hijo o la hija de aquel presentador de noticias: le enviaría también a vender agua? ¿Un adolescente infractor (e incluso si no lo sea) debe estar en la calle vendiendo agua, o debería estar en la escuela y en su casa, aprendiendo y jugando, respectivamente? ¿Aquella persona menor de edad apareció en la tierra por obra y gracia de Dios, o tiene progenitores? ¿En qué calidad de contexto se están desenvolviendo hoy la niñez y adolescencia? ¿Se están preocupando los progenitores por brindarles la mayor parte de su tiempo, en fomentar valores, en acompañar en el ciclo de vida de sus hijos(as), o pasan más tiempo en esos benditos aparatos llamados celulares o computadores, y en trabajar la mayor parte de su tiempo so pretexto de “darles todo y que no les falte nada”? Repito: tan solo son preguntas.
Ha sido en más de una ocasión que escuchamos en varios medios de comunicación: “… es que la jueza o el juez lo dejó en libertad al adolescente infractor… cómo ha sido posible, si el video demuestra que hay delito”. Considero adecuado observar las disposiciones legales, constitucionales y los instrumentos de protección de derechos humanos que la nación ecuatoriana es parte para así, previamente, reflexionar en lo que se asevera, pudiendo mencionar al menos dos cuerpos normativos: las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), y, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). De paso: no nos gusta las disposiciones vigentes a las que tenemos que someternos; ah bueno, entonces cambie la norma (o, si desea, retírese aparato del derecho internacional de los derechos humanos), pero mientras tanto toca acatar. Exclusivamente el avocar conocimiento de los marcos normativos y empoderándonos de los mismos, las proposiciones como las que he transcrito en este párrafo se caerían por sí solas dado que no es tan cierto que la juzgadora o el juzgador “deja en libertad” a una persona menor de edad que está involucrada en un hecho delictivo. Lo que sí ocurre es la imposición de penas, entre ellas la restricción de libertad a través de un régimen de internado en un Centro de Adolescentes Infractores destinado para el efecto y para la rehabilitación, pero no es la única pena, dado que se han establecido medidas de carácter socioeducativas -preventivas-. Usted se preguntará: ¿Funciona la rehabilitación? Bueno, decirle que esa respuesta no la tengo yo, sí el aparato gubernamental y está llamado a responder. La labor de la servidora o servidor judicial es sumamente delicada, compleja y trascendental, tanto para la vida de la(el) menor como -de forma indirecta, como repercusión- para la sociedad en su conjunto (incluyendo a la niñez y adolescencia en libertad), y, por ello, es fundamental que la labor de la jueza o del juez sea técnica, profesional y prolija con el fin de conocer lo mayor posible la realidad que vive aquella persona menor de edad que ha vulnerado la Ley (cuál es el entorno en el que se desenvuelve, qué grado de estructuración tiene su hogar, cuál ha sido su antecedente de vida…).
Lo anterior conduce a más preguntas: ¿Se han preocupado los Estados por la justicia juvenil restaurativa? ¿Qué ocurre con aquellos hogares en los cuáles ha existido el fenómeno de la migración, y uno o ambos progenitores han sido forzados a dejar a sus hijos(as) para brindarles un mejor porvenir? ¿Qué ocurre con aquellos hogares en los cuáles se han dado hechos de violencia de género, y las y los menores han sido testigos de las diversas formas de maltrato? ¿Se han implementado espacios de salud mental para brindar soporte y acompañamiento en los espacios educativos para trabajar en quienes transitan por “caminos incorrectos”, en quienes son presa “de adicciones psicoactivas”, en quienes son vulnerables por diversas situaciones (endógenas o exógenas), o en quienes encontrándose en armonía se vela para prevenir en ellos(as) situaciones reñidas con la Ley? ¿Se están destinando los recursos suficientes (no necesarios) para fortalecer el aparato público educativo, cultural, mental y social, o se brinda mayor prioridad a temas más coyunturales?Una vez más: son preguntas.
Me alejo de la tesis de que las y los adolescentes infractores son quienes tienen la culpa, casi por “haber nacido”. También tomo distancia de aquellas voces que claman que las y los servidores judiciales son culpables de “dejar libre” a quienes están involucrados en delitos. Enfatizando, hay elementos humanos en el aparato judicial de alto nivel moral y profesional (como la Doctora Espléndida Navarrete, y su significativa trayectoria en justicia juvenilrestaurativa). Por otro lado, estoy seguro que las y los jóvenes infractores, en su mayoría, se han visto forzadas(os) a cometer delitos a raíz de un clima deinestabilidad familiar, por nula compañía en salud mental a lo largo de su vida y por una distracción injustificada de progenitores que se abocan en “trabajar, trabajar y trabajar” para “que existan elementos materiales que, al final, terminan siendo innecesarios”, y pierden la noción de que son padres de familia llamados a darSE la mayor parte del tiempo a sus hijos(as) y que no son “padres” convertidos en máquinas que generan dinero.
Los años que llevo de vida me han enseñado que resulta ser una falacia -aunque respetable, pero en definitiva un yerro- las expresiones de aquellas madres o de aquellos padres de familia que aseguran (con “pecho firme”): “Mi forma de amar a mis hijos es trabajar la mayor parte de horas para tener dinero y que no les falte nada a ellos. Aunque eso signifique que no los vea o que no pase con ellos. Ellos comprenderán”. ¡Cuánto dolor! ¡Y luego nos quejamos del por qué tenemos jóvenes descarriados o adolescentes infractores! En lo que a mí respecta, evito generalizar, pero hay un fuerte indicio que me lleva a esgrimir tal expresión.
Concluyo (en este espacio; en la academia hay mucho por hacer, todavía) tan solo con una lección de vida, vista en una joven, aún adolescente, cerca de cumplir 18 años y, por ende, de pasar a ser mayor de edad. Ella aseveró públicamente (palabras más, palabras menos): Yo ya tengo dos ejemplos (mi abuela y mi madre), y me lleva a no incursionar en trabajar en el mundo del espectáculo o de la TV. Me gusta, pero hay que hacer sacrificios. El sacrificio al que me refiero es que, sí, sé que debo trabajar pero no a costa de que mis hijos -cuando los tenga- se sientan solos (como yo me sentí) porque mamá debe estar trabajando para generar dinero (mi abuelo lo hizo con mi madre; mi madre lo hizo conmigo). Aunque entiendo la lucha de mi madre. No vale la pena dedicar mucho tiempo al trabajo para dar algo que un hijo no necesita, y más bien sí darle mucho de lo que sí necesita: de mi y de mi tiempo.
Si las madres y los padres de familia pensaran de esa manera: menos chicas(os) en drogas, en caminos tortuosos… cometiendo delitos.