Mi abuelo decía que cuando querían medir el grado de pendejez de alguien, había que aplicarle el pendejómetro. Por ello, hay ocasiones que es preferible “hacerse el tonto”
Con algunos meses de preparación, el presidente Guillermo Lasso anunció al país sobre la posibilidad de una consulta popular para proponer reformas institucionales, anunció que este se refería básicamente al sistema judicial y al Consejo de Participación Ciudadana. Incluso planteó la necesidad de una nueva arquitectura institucional en la administración de la justicia. Era obvio que la confianza en la función judicial no contaba con el respaldo y credibilidad de la ciudadanía, por lo tanto, sin meter la mano a la justicia, el primer mandatario aspiraba a lograr un objetivo de valor supremo. Se podía avizorar que la consulta iba a tratar temas de interés ciudadano. ¿Quién no iba a estar de acuerdo con esta consulta?
Para algunas voces generadoras de opinión pública, la consulta adolece de oscuridad y ambigüedad para la gran ciudadanía. Para otros, la consulta repite los mismos objetivos que ya están planteadas en la Constitución de la República. En otros casos, se preguntan sobre aquellos temas que la corte constitucional ya se ha manifestado, es el caso de la relación de las Fuerzas Armadas y la Policía. Asimismo, dicen que se repite la cuestión sobre la participación de los partidos políticos y el Código de la Democracia. También se critica la desconexión que existe entre la consulta y los intereses reales de los ciudadanos.
Según el presidente…"Esta consulta es la propuesta, es la solución, es nuestra indignación, canalizada para alcanzar una sociedad mejor: la papeleta no tiene candidatos, ni nombres de partidos ni de políticos, la papeleta será de la ciudadanía…”. Sin embargo, es innegable que esta consulta se torne en un plebiscito sobre la gestión del presidente Guillermo Lasso. Según las encuestas de opinión, esta visión resultaría una inmolación.
Quedaría demostrado que el gobierno perdió su gran oportunidad de realizar esta consulta cuando gozaba de los mejores indicadores de aceptación, es decir, a posteriori de la campaña de vacunación. Ese era el momento en el que se debió haber consultado sobre la posibilidad de desarmar la Constitución de Montecristi. Ahora cualquier enmienda resulta inocua. Al fin de cuentas terminarán sobrando o faltando piezas…
A esta altura del partido preguntar sobre la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). O aquilatar acerca de la necesidad de un Código de Trabajo caduco o indagar sobre la una trasnochada Ley de Seguridad Social carecen de viabilidad, pertinencia y factibilidad política.
A ratos me pregunto si no será mejor que la Corte Constitucional objete la consulta. De lo contrario, los ciudadanos deberíamos sostener nuevamente al gobierno con la aprobación total de las ocho preguntas. No hacerlo significaría dar un voto de confianza al correísmo y al estado de impunidad.