“La Policía Nacional hizo su trabajo” dijo el ministro del Interior, en un intento agonizante que suplica confianza a una sociedad ecuatoriana rota. Rota por el tardío protocolo de actuación de la Policía, rota por la enfermiza jerarquía institucional, rota por los discursos revictimizantes de los voceros del Gobierno y su indolencia frente a los familiares y amigos de la mujer, madre, hija y abogada María Belén Bernal.
Un policía prófugo gracias al poco sentido común de la Fiscalía; las críticas constantes entre la Fiscalía y el Gobierno, las declaraciones poco acertadas del ministro Carillo y del Secretario Ordoñez, las suposiciones de un “crimen pasional”, las versiones de varios cadetes y su presunta complicidad por delito de omisión; son algunos de los alarmantes hechos que dejan en evidencia dos problemas de raíz (que proliferan cual cáncer): el poder de la jerarquía y el costo del prestigio en instituciones del Estado.
Varios expertos etiquetan este caso como un posible crimen de Estado, entendiéndolo como un círculo de fallas y negligencias ocurridas en una instancia pública donde decenas de uniformados tenían el deber jurídico de socorrer a la víctima y denunciar el hecho. No obstante, el poder de la jerarquía prima ante la vida de cualquier persona. ¿Por qué un policía de mayor rango dijo a un cadete “es mejor no entrometerse en conflictos de pareja”, aun cuando los gritos de auxilio duraron 20 minutos? ¿Por qué el cadete tuvo esa “obediencia ciega” ante el acto?
Posiblemente no hay una única respuesta, pero hay que reconocer que la forma de educar a los cadetes bajo el enfermizo discurso del poder jerárquico tiene consecuencias. Cubrir los actos ilícitos de un “superior”, es el pan de cada día en el departamento de Asuntos Internos de la Policía; y, aunque se reporten tales hechos, más de mil efectivos detenidos siguen siendo parte de la fuerza de seguridad (GK, 2022). Usualmente las famosas depuraciones ocurren con miembros de bajos rangos, porque los puestos jerárquicos son “intocables”.
Este lamentable hecho también dejó en evidencia a los grandiosos voceros del Estado, entre ellos al ministro Carillo y al Secretario Ordoñez que, por defender un falso prestigio institucional, descuidaron el protocolo de actuación ante la desaparición de una persona (aun sabiendo que las primeras cuarenta y ocho horas son fundamentales) y acusaron a activistas y feministas por atentar en contra de la institucionalidad. Porque es más fácil defender lo indefendible, que hacerse responsable de la podredumbre institucional.