El Estado existe, sobre todo, para servir, generar condiciones y apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo nacional y el progreso social; no se creó para dirigir ni anular a la sociedad. Respecto al sistema de educación superior y sus instituciones (IES), el Estado tiene la responsabilidad de trazar la cancha para su funcionamiento y fortalecimiento en un marco de democracia. Por ende, cabe impulsar cambios urgentes que involucran una reforma profunda de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), instrumento infectado con el insufrible virus del estatismo que asfixia.
Cuando el primer mandatario insiste en que el Ecuador precisa universidades libres, solo pensamos en que ello implica reconocer la necesidad de recuperar la autonomía universitaria; no se trataría, por lo tanto, de llamar al libertinaje ni a la desregulación para convertir la educación superior en un negocio que ofrece cualquier cosa, además, sin el mínimo rigor académico. Nadie quiere volver al tiempo de las universidades de garaje.
Hay un reto adicional de fondo que deben asumir con apertura las autoridades: democratizar el sistema, es decir, contar con las IES y los universitarios para establecer políticas y regulaciones en función de las carencias, que desburocraticen, al tiempo que impulsen elevar la calidad y el desempeño; ahora mismo, decenas de miles de jóvenes demandan angustiados alternativas para progresar laboral y profesionalmente.
Otras condiciones también son ineludibles: considerar la educación integralmente, como un todo con sus diferentes niveles; priorizar los recursos públicos requeridos; optimizar el bachillerato y el mecanismo de ingreso a la universidad; brindar otras opciones a los jóvenes, por ejemplo, activando centros de capacitación, reabriendo los institutos superiores y las escuelas normales. Solo con decisión política, dominio de la realidad, y acuerdos amplios, la educación podrá ser un motor efectivo para doblegar la crisis.