Una telaraña de recursos legales le ha puesto a Quito en la ingobernabilidad. Esa es la mejor forma de describir lo que está sucediendo en la Alcaldía del Distrito Metropolitano. Es un hecho inédito en la historia del Ecuador en donde la Función Judicial tiene mucho que ver.
Y es que Quito está en los ojos de los ecuatorianos y la Función Judicial en entredicho con las actuación de jueces y mandos medios que han provocado la reacción inmediata del Consejo de la Judicatura con el fin de evidenciar responsabilidades en las actuaciones de los servidores judiciales que han generado inseguridad jurídica y desconfianza en el sistema de justicia ecuatoriano.
Y claro antes la Función Judicial era la “Cenicienta del Estado” luego se convirtió en la “Quinceañera apetecida” y hoy está en la mira de la clase política del país que va a ser quien canalice el descontento popular generalizado porque la justicia ha dejado de ser un derecho como está escrito en el Art. 75 de la Constitución; puesto que lo sucede en la Alcaldía de Quito es la gota que derramó el vaso.
Esa forma burda de aferrarse al cargo por parte de Jorge Yunda y desoír la resolución del órgano competente como es el Tribunal Contencioso Electoral, no es problema de la existencia de recursos legales sino como se han utilizado los mismos y en donde está en duda la forma como se accedió a ellos, esto es a las garantías constitucionales siendo evidente la existencia de empleados judiciales al servicio del poder político y no se que otro poder, dice la abuela de la casa. Ergo, los jueces que conocieron los recursos constitucionales actuaron sin competencia, porque es evidente que hubo fraude en el “sorteo” de las causas, a lo que se suma la existencia de un voto salvado, que por algo ha de ser: piensa mal y acertarás.
La gran aspiración de un pueblo es encontrar una justicia de puertas abiertas y un juez con una carga ética y moral que se refleje en sus actuaciones. La ignorancia y la triquiñuela son imperdonables. Que se haga justicia casa adentro aunque la confianza no existe en la Función Judicial, con las excepciones que siempre hay.
