El 28 de octubre, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.
Hasta el 27 de noviembre, la Asamblea Nacional podrá aprobar, modificar o negar el proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica que contiene 192 artículos, ocho disposiciones generales, 16 disposiciones transitorias, una disposición interpretativa y una disposición derogatoria.
La reforma tiene el objetivo de promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, el reordenamiento del sistema tributario y fiscal; y, la seguridad jurídica para la reactivación económica.
El proyecto de ley tiene tres ejes fundamentales. El primero, una contribución temporal para cubrir el impacto económico en las finanzas públicas generado por la pandemia y sus consecuencias directas en el empleo público y privado. El segundo, un régimen temporal aplicable a activos en el exterior no declarados. El tercero, la reestructuración de impuestos a través de la reforma en varios cuerpos legales.
Tras la pandemia del COVID-19, la economía ecuatoriana decreció 7.8% retrocediendo a niveles de 2012 y ocasionando la pérdida de 687 mil empleos adecuados. El déficit fiscal de 2020 cerró en más de USD 7 mil millones. La deuda pública corresponde a 63.9% del PIB.
El Gobierno cree que la reforma permitirá una recaudación de USD 1.900 millones en 2022 y 2023.
La contribución temporal enfocada en personas naturales con patrimonios mayores a USD 1 millón generaría ingresos de USD 261 millones de las personas naturales. La contribución temporal enfocada en sociedades con patrimonios mayores a USD 4 millones generaría ingresos de USD 467 millones. En total, USD 728 millones.
También, el proyecto de ley restructura una serie de tributos; por ejemplo, elimina la exoneración del impuesto a la renta durante 3 años a las nuevas microempresas mientras que exonera el impuesto a la herencia a los familiares del primer grado de consanguinidad.
Así mismo, el Gobierno prevé ingresos de USD 460 millones de las personas naturales y USD 250 millones de las personas jurídicas totalizando USD 710 millones más.
No obstante, una de las 20 leyes que la reforma modificaría es el Código Tributario que incorporaría métodos alternativos de solución de conflictos en materia tributaria. Los que paguen antes o en medio de un litigio podrán acceder a facilidades de pago y evitar intereses y recargos. Según el Servicio de Rentas Internas, a 31 de agosto de 2021, existían USD 4.925 millones en capital, intereses y recargos pendientes de recaudación, entre ellos, USD 2.905 millones de capital y USD 2.020 millones de intereses y recargos.
Otro de los cambios es a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que elimina la contribución del 1% de las operadoras que significa una recaudación de USD 23 millones.
En este contexto, para un Gobierno con importante déficit fiscal y deuda pública, la reforma tributaria contiene varios beneficios; sin embargo, sumando y restando, más son sus perjuicios.