Tal parece que la derecha ha decidido no reconocer los resultados electorales del próximo 2 de abril, por lo que la coyuntura actual nos pondría de cara más a un escenario cercano al 30-S, que a la fiesta electoral a la que nos hemos acostumbrado en los últimos 10 años. Hay varios indicios de esto.
En primer lugar, el intento sistemático de liquidar el principal activo y fundamento de poder de la Revolución Ciudadana: su legitimidad, evidenciada no solo en su aceptación, con cifras superiores al 60% luego de una década de gobierno, sino especialmente en sus continuos triunfos electorales, incluido el del 19-F. Por eso, tras la campaña oligárquica en torno a la ‘corrupción’ que pretendió enlodar al Gobierno y terminó enlodándole a ella misma, se inventó la de un supuesto ‘fraude’, orientada a deslegitimar el proceso electoral y preparar el clima para el desconocimiento de los resultados de la primera y segunda vueltas, intentando tomar por la fuerza lo que no logró, ni logrará con los votos.
En segundo lugar, resalta la manipulación del odio y la violencia que frisa en rasgos protofascistas, porque transpira la prepotencia de quienes se creen destinados al poder prevalidos de sus riquezas y expresa irrefrenables ansias de exterminio del ‘Otro’. Me recuerda al febrescorderato, pero, sobre todo, al odio de los curuchupas contra el alfarismo. Ese cordero de juguete degollado que blandía un niño como trofeo en el cerco de los señoritos al CNE es un símbolo escalofriante del mismo.
La extrema violencia a la que está dispuesta ya tuvo su globo de ensayo en Quito y Guayaquil el 19-F, cuando clamó incluso por la intervención de la fuerza pública, y al parecer contaba con cómplices pesados en sus filas, si nos guiamos por las recientes declaraciones de un general dado de baja. Todo indica, pues, que el binomio de la oligarquía estaría preparando el teatro para la escenificación definitiva de su violenta conspiración de cara a los resultados favorables al binomio del pueblo el 2 de abril.
Su último cartucho ha sido reeditar la alianza política del 30-S (2010): organizaciones de extrema derecha coaligadas con grupos corporativos, incluyendo militares e indígenas derechistas y medios de comunicación, todos unidos en la oprobiosa agenda, orquestada por el imperio, de destruir la soberanía popular para reinstalar el criminal neoliberalismo a cualquier precio, incluido el golpe de Estado.
Se impone, entonces, desactivar esta conspiración oligárquico-imperial, advirtiendo a Estados, gobiernos, organizaciones populares, organismos internacionales y personalidades sobre este escenario de ruptura democrática en ciernes, solicitándoles la vigilancia activa del proceso electoral. Pero, sobre todo, convocar al pueblo ecuatoriano a una movilización permanente en defensa de sus derechos democráticos y de los frutos conquistados en décadas de lucha, plasmados en los logros irrebatibles de la Revolución. (O)