Pasada la marcha de los movimientos sociales o, con precisión, del movimiento indígena, se observa la emergencia de una serie de discursos apoyando el diálogo con el Gobierno o exigiendo una ruptura total. Del lado del diálogo falta mucho por superar, toda una gama de moralismos que empapan una visión amplia de la política, es decir, de lado y lado deberán despojarse de ese juego peligroso de buscar ser el centro del poder, ya que de esa forma cualquier iniciativa quedará en una aburrida y dilatada tanda de discursos y peroratas de poco valor operativo. Es claro que una de las grandes exigencias es ir urgentemente a una reforma o revolución agraria, que más allá de cómo se enuncie debe modificar las relaciones sociales y de propiedad en el agro ecuatoriano, más aún cuando se evidencia un proceso continuo de reconcentración de tierras productivas desde la tristemente célebre Ley de Desarrollo Agrario de la época neoliberal.
Plantear la reforma agraria como el centro de las demandas permitirá de manera concreta modificar las relaciones de poder y amplificar la lógica del Estado hacia una dinámica plurinacional que desborde las relaciones interétnicas dominantes que aún deforman las relaciones sociales en el Ecuador. Por otro lado, demandas como la de la minería deberán entrar en un amplio debate que debería llevar -en última instancia- a una consulta popular, necesaria en el sentido de superar el viejo Estado burgués liberal. En cualquier caso, la reforma agraria, como el debate de la minería, no debe reducirse exclusivamente a las coyunturas políticas, porque debilita el carácter ético de las demandas. Peor aún reunir en un pliego de peticiones demandas de distinta naturaleza, que lo que llevará es a empantanar un diálogo abierto y permanente.
Del otro lado están los discursos que buscan la ruptura total con el Gobierno. Si se analizan los argumentos de fondo, dejando por fuera los moralismos y proclamas vacías de contenido, pero eso sí, llenas de ideología esencialista, lo que queda es una crítica que, por ahora, no se transforma en una politización sostenida del debate, no del modelo de Estado, sino del modelo de sociedad necesaria y acorde a la realidad ecuatoriana. La máxima de estos discursos es centrarse en la Constitución, de pronto esta se apropió de la dinámica del bien común; hasta la derecha la defiende. Es decir que el carácter del poder constituyente que definió la Constitución de Montecristi ha quedado cercado en una sacralización, en un endiosamiento absurdo.
El mundo del combate por el poder se invirtió de lo popular a lo constitucional, a la vieja usanza del criollismo hacendatario. Lo que es urgente ahora es destruir cualquier intento de sacralización y santificación, sea del Estado, la Constitución o los movimiento sociales, si no el único resultado será el retorno de la rancia derecha. Emerge una pregunta: ¿es posible un Estado popular-plurinacional bajo el modelo republicano?