Más de un millón de dólares nos cuesta a todos, cada año, las pensiones vitalicias para los ex mandatarios de la nación. Más de una persona dirá: “son algunos “centavos” frente al presupuesto estatal”. Más que seguir girando en la pregunta que de forma intermitente aparece en el debate nacional: “¿Eliminarlas o no?”, creo que, con mayor precisión, la interrogante a reflexionar es: “¿Cumplen el propósito o no?”.
El punto de partida: aquel 07 de noviembre de 1954, cuando el entonces presidente José María Velasco Ibarra concibió la figura de la “pensión jubilar vitalicia” exclusivamente como beneficio para los ex presidentes del país que hayan sido designados mediante elección popular. Resulta interesante reflexionar en el segundo considerando del Decreto Ejecutivo con el que se creó el beneficio: “(…) procurar que los ciudadanos que han prestado servicios relevantes a la Patria dispongan de recursos suficientes para que puedan llevar una existencia condigna con el honorífico y preeminente puesto que ocupan en la sociedad”. Es absolutamente claro que el propósito de este beneficio fue la transición de la vida pública a la vida privada (económicamente deteriorada, en algún grado, dada la dedicación que se tuvo al ejercer el poder público); transición que implica, prácticamente, un retiro, un merecido descanso y el tener un flujo perpetuo para continuar viviendo bajo parámetros de comodidad y dignidad. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo han existido distorsiones de la figura creada, tanto activas (varios mandatarios de turno fueron ampliando el beneficio, desde la inclusión de los vicepresidentes, pasando por agregar a quienes asumían la primera magistratura por encargo, hasta considerar la transferencia del beneficio, en caso de fallecimiento del pensionista, a su cónyuge o a los hijos menores de edad) como pasivas (ex mandatarios no precisamente yendo a sus hogares a descansar sino, de forma poco respetuosa para con los ecuatorianos, prestándose para laborar en dos o en tres trabajos, e injustamente recibiendo un beneficio que, dada su conducta, no lo merecen ya que no cumplen con la condición básica: “transitar al retiro”). De paso, algunos hasta se “saltaron la fila” para vacunarse.
Dos preguntas: a) ¿Si vuelve(n) a administrar la patria, merece(n) “tener más de una pensión?; b) Si tiene(n) dos o tres trabajos (por ejemplo: en una Universidad y en su libre ejercicio profesional), ¿Merece(n) recibir pensión? “Bonus track”: ¿Y si es(son) jubilados, merece(n) pensión?
Si los Asambleístas siguen “quedándose dormidos” ante estas injusticias, seguirán recibiendo beneficios quienes no lo merecen, insultándonos así a todos, incluyéndoles a ustedes, legisladores. (O)