Un pacto ético-político para decidir quién manda en una sociedad

Rafael Correa no ha escrito ni pronunciado su último discurso político como Primer Mandatario, pero el de ayer marcó lo que será su salida de la Presidencia de la República: “¿Quién manda en una sociedad?”, preguntó casi al final y eso dejará marcada también la lógica de la disputa política venidera.

Esto es quizá lo medular de lo que dijo ayer y ha sostenido a lo largo de estos años, porque tal vez  hay que entender que la construcción de poder popular (como lo señaló también Gabriela Rivadeneira) no es tarea solo de un gobierno, un presidente o los legisladores. Para transformar una sociedad, cargada de desigualdades e injusticias, se debe superponer el poder popular en toda su compleja significación. Y eso no deja de lado la disputa de y con grupos e intereses. De ahí que las palabras de Correa en su último Informe a la Nación contengan toda la simbología de lo que ha sido su recorrido político: constante disputa con poderes fácticos, desafío con la lógica de la llamada partidocracia y fuerte confluencia de su pensamiento económico con su experiencia política para hacer realidad sus postulados programáticos.

Como lo dijo Rivadeneira y luego lo reafirmó Correa: “Construir poder popular es para nosotros y para la historia la razón más profunda de nuestra revolución. Poder popular no es solo una consigna, sino trabajo, conciencia y ética política, pero, sobre todo, un profundo amor a esta patria”.

Por eso también se entiende el reto que lanzó a sus adversarios políticos: quienes tengan cuentas en paraísos fiscales, quienes posean sociedades offshore, deben ser claros y transparentes si desean ocupar el poder político.

Si algún candidato posee cuentas en paraísos fiscales desde ahora debe decirle a Ecuador qué tipo de sociedad quiere, quién va a gobernar efectivamente, dónde colocará el interés nacional y de qué modo separará sus negocios privados. El reto está lanzado y habrá que ver hasta dónde lo acogen quienes prometen una actividad política ética y al servicio de las mayorías.

Si hay un pacto político anticandidatos offshore no solo gana la política sino que quedará más claro en qué terreno se desarrollará la disputa para concretar los planes de gobierno de quien gane la próxima elección.         

Un pacto de esa naturaleza abre también un escenario distinto para la discusión de cómo avanzar en la consecución de otros objetivos nacionales y, sobre todo, para que no haya duda alguna de que para cambiar el Ecuador no se requieren grandes fortunas sino determinaciones soberanas, auténticas y democráticas.

Y si hay que responder a la pregunta de quién manda en una sociedad habrá que aceptar ese reto, proponer una agenda histórica para la gente y discutir sobre esa base las propuestas de todos los candidatos.

La justicia como reto programático

Sin una clara definición política sobre la justicia, la equidad, la igualdad y las oportunidades no hay un gobierno solvente para verificar su  trascendencia histórica. Por eso es posible evaluar la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana con otra perspectiva: ¿Hasta dónde se cumplieron sus postulados, se garantizaron los derechos de todos y se colocó al país en otra dimensión democrática?

Por lo pronto algunas cifras están a la mano. Por ejemplo: el promedio anual de inversión en educación es 3,7 veces más que el promedio 2000-2006; 1’200.000 niños y niñas asisten a escuelas públicas de calidad; los salarios de los docentes pasaron de un rango de entre $ 90 a $ 1.676.

Y si eso constituye un indicador de justicia, evidentemente, los resultados sociales se podrán verificar en los próximos años. Pero ya hay datos que dan cuenta de ese cambio. Lo más importante, sin embargo, por ahora, es saber si quien gobernará en el futuro podrá sostener y desarrollar estas políticas para incrementar esas cifras.

De todos modos, hay un reto para lo que queda del mandato de Correa: administrar el Estado con un factor inesperado: la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Y ello implica un fuerte componente político, administrativo, financiero, de enorme articulación en esos territorios con los gobiernos locales. Incluso, buena parte de la discusión electoral pasará por ahí dada la conducta de cierta oposición ante el tema y el manejo mediático.

Rafael Correa tiene un año por delante y podrá consolidar lo que ha forjado en estos nueve años: un liderazgo que sacudió la lógica de la disputa política, tensó el equilibrio de poder con las élites y gestó un ciclo político distinto. Ha dicho que el país necesita descansar de él y él del país, pero en política nada está dicho. Su presencia seguirá marcando buena parte de la agenda pública. Y por ello su “retirada” no será ni siquiera una clásica de silencio o recato. Al contrario, con lo ocurrido ayer quedó sentado que hasta el último momento tendrá la iniciativa y pondrá la agenda mediática. (O)