Luego de haber transcurrido casi un año de la intentona golpista preparada por varios miembros de la tropa de la Policía en contubernio con ciertos políticos de la oposición y algunos medios de comunicación social que están acostumbrados a desestabilizar la democracia en el Ecuador, el Poder Judicial no ha sido capaz de impartir justicia en forma diáfana, al contrario, los jueces declararon inocentes a los procesados, y solo faltó que los proclamen perseguidos políticos. De igual manera, la prensa se encargó de desinformar sobre los hechos que ocurrieron aquel infausto día, a tal punto que llegaron a afirmar que el presidente Correa fue a desafiar a los sediciosos y se autosecuestró para desactivar el golpe de Estado. A propósito de esto, cabe recordarles a nuestros administradores de justicia, las disposiciones legales consagradas en el artículo 130 del Código Penal, que establece: “El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare contra el Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso o disolverlo, o provocar la guerra civil, será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años. El acto existe desde que hay tentativa punible”; en concordancia con lo estipulado en el artículo 146 del mismo cuerpo legal, que prescribe: “El que incitare a la rebelión o indisciplina de la fuerza pública, será reprimido con prisión de dos a cinco años. Si como consecuencia de la incitativa resultare un conflicto en el cual se produjeren lesiones a personas, la pena será de reclusión menor de tres a seis años, y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria”. Finalmente, cito lo preceptuado en el artículo 224 ibídem, que señala: “La tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o el que se hallare ejerciendo la Función Ejecutiva, será reprimida con reclusión mayor de ocho a doce años, aunque no llegue a inferirse daño alguno”. Consecuentemente, deben juzgarse con objetividad e imparcialidad a los presuntos autores, cómplices y encubridores de los delitos de atentado contra la seguridad interior del Estado, la incitación a la rebelión de la fuerza pública y la tentativa de homicidio al Presidente, esos criminales deben pagar por lo que hicieron, no debe haber perdón ni olvido para ellos. ¿Qué pasará si estos delitos quedan en la impunidad? ¿Qué podemos esperar el resto de los ciudadanos? Me parece increíble que se haya llegado a insinuar que el Primer Mandatario salió del Hospital de la Policía a una reunión y luego regresó para dar las instrucciones para su rescate. ¿No les parece, compatriotas, que a algunos periodistas y políticos despiadados hay que nominarlos para los premios de la Academia del séptimo arte, por su ingenioso talento para crear largometrajes de ciencia ficción?
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