Luego de que se publicaran en el Registro Oficial #180 (14/02/2018) los resultados definitivos de la Consulta Popular y Referéndum del 4 de febrero, expresándose la ciudadanía de manera favorable; dos días después, el presidente de la República, Lenín Moreno, remitió al Legislativo lo dispuesto dentro de la pregunta 3 del Referéndum, esto es la presentación del proyecto normativo que establece el algoritmo para elegir a los miembros que conformarán el CPCCS definitivo, a partir de 2019. Horas más tarde, en redes sociales se leían comentarios de varias personas quienes mostraban su preocupación frente al proyecto normativo presidencial. Estas opiniones se sintonizaban con la supuesta contravención de la voluntad popular, y todo porque, a decir de ellos, se está estableciendo en la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del CPCCS que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien se encargue de seleccionar –bajo el principio objetivo del mérito– a los candidatos que posteriormente serán puestos a decisión colectiva vía sufragio universal. A mi criterio, y dando ejemplo propio de tolerancia ante la opinión ajena, considero que la sociedad está fastidiada de inadecuadas decisiones políticas, en general, y de opiniones que marcan la controversia y que son poco propositivas, en lo específico. Estoy convencido que hace falta mayor sindéresis al momento de difundir criterios pro adecuada reflexión ciudadana. En lo que respecta al proyecto normativo de remodelado del CPCCS, no coincido en lo absoluto con quienes piensan que aquel cuerpo normativo irrespeta la voluntad popular del 4 de febrero. La ciudadanía dijo sí a un sistema de elección de un cuerpo colegiado de participación ciudadana y control social bajo votación popular. No obstante, es ingenuo creer que no debiera existir un mecanismo idóneo para organizar este mandato ciudadano. De allí que se proponga acertadamente la existencia de un filtro institucional (CNE) que no es discrecional, sino que seleccionará a quienes se destaquen en un concurso de méritos y oposición, con impugnación y veeduría ciudadana. (O)