El debate sobre las Unidades Educativas del Milenio (UEM) demanda descartar opiniones superficiales y conciliar, en la medida de lo posible, desaciertos y aciertos de su política. Esto implica abandonar posturas extremistas que descalifican al proyecto por malquerencia o que lo alaban por fanatismo. Intento rescatar lo significativo de legítimas posiciones opuestas.
Por una parte, las UEM son infraestructuras de modernización que, al compararlas aisladamente con versiones anteriores, difieren categóricamente. Para sus alumnos y comunidades cercanas significó ensanchamiento de oportunidades, revalorización de lo público y un golpe de autoestima. Dignificó la oportunidad de estudiar e impactó cuantitativamente en lenguaje y matemáticas. El proyecto, además, es resultado de planificación geoestadística; es decir, un proceso racional weberiano. Desde allí parten sus pecados, sobreestimando evaluaciones cuantitativas y asumiendo bondades de procesos burocráticos.
En términos relativos al sistema nacional se construyeron pocas UEM. Esto hizo que los beneficiarios sean insuficientes. Se subestimó la contextualización territorial, sobre todo donde no se construyeron las unidades. Una proporción de estudiantes tuvo que viajar más y en los lugares donde se cerraron escuelas se perdieron espacios comunitarios. Estos espacios eran estratificantes y reproductores de desigualdades, pero representaban un eslabón social que no se puede anular unilateralmente. Las UEM homogeneizaron parámetros urbanos olvidando que, como decía Bourdieu, las clases privilegiadas son expertas en legitimar su conservadurismo explotando sistemas educativos modernos. Así mismo, los críticos de las UEM sobreestiman evaluaciones cualitativas, mientras hoy se enfrentan a la responsabilidad de ejecutar una alternativa válida.
Allí desemboca un debate a expandirse, sobre todo para esquivar al verdadero enemigo de estudiantes marginados: fuerzas privatizadoras con constante apetito por rentabilizar la desvalorización de lo público. (O)