Mientras esta semana cientos de choferes de taxis amarillos exigen al Municipio de Quito que controle y sancione a los conductores de plataformas digitales como Uber, Cabify, Indrive o Didi, yo pido un Uber.
Soy una de las más de 200.000 personas que utilizan este servicio en Ecuador. El vehículo llega rápido y pago con tarjeta de crédito. En el trayecto a mi destino disfruto conversando con los conductores. Una gran mayoría de ellos, desempleados, vieron en las plataformas digitales una oportunidad de trabajo que les permite llevar algo de dinero a sus hogares. Mi curiosidad de periodista me obliga a preguntarles cómo hacen para evadir los controles policiales, ya que sus servicios no son legales. Tratamos, pero no siempre funciona, me responden. La última vez me agarraron y tuve que dar cien dólares para que no me multaran y quitaran el carro, me dice Juan. Agrega que le salió barato porque la sanción es una multa de dos salarios básicos, diez puntos menos a la licencia y retención del vehículo por siete días.
Debido a la presión de los taxistas formales, ante lo que consideran “competencia desleal”, los operativos para controlar el transporte informal son más frecuentes en estos días. Así, esta semana nos sorprendió un operativo. Antes de detener el vehículo, Juan esconde su celular y me suplica que diga que soy su tía.
Los servicios que presta Uber y otras plataformas digitales no son legales en Ecuador. No obstante, en este momento hay cerca de 20.000 conductores activos en la plataforma y el número de usuarios que utilizan estos servicios es cada vez mayor.
Este fenómeno no solo pasa en Ecuador. La app de Uber funciona en 10.000 ciudades de 72 países, muchos en los que, no tiene ninguna representación legal.
En el mundo cada mes 118 millones personas utilizan el servicio, lo que generó en el 2021, una utilidad neta de 892 millones de dólares.
El modelo de negocio de estas compañías radica en cobrar un porcentaje de la ganancia a los conductores por el uso de su plataforma. No están legalmente constituidos en los países donde operan, no pagan impuestos, ni tienen ninguna responsabilidad laboral con los conductores. Estos son los argumentos de los taxistas formales para calificar a estos servicios como competencia desleal.
Más allá de la molestia de los taxistas, la recientemente aprobada Ley de Tránsito, si bien prohíbe los monopolios y reconoce el derecho de los ciudadanos a escoger el servicio que más convenga a sus intereses, plantea que estas plataformas no pueden aplicarse al transporte particular por lo que estos servicios podrían restringirse y hasta bloquearse en los próximos días
La ley manda que para la prestación de los servicios de transporte se requiere un permiso de operación, que será entregado a compañías domiciliadas en el Ecuador. Exige además a las plataformas digitales incorporar un taxímetro digital. Y dispone que en los parámetros se contemplará la interconectividad con el SRI.
Se considera falta administrativa grave utilizar aplicativos de telefonía a través de plataformas tecnológicas no autorizados por la autoridad competente.
Esto es lo que dice la ley, pero falta el reglamento. Su ausencia complica la situación de los municipios que no tienen claro cómo regular estos servicios. Y lo peor, cómo enfrentarse a miles de ecuatorianos siguen utilizando Uber o las otras plataformas como medio de transporte o fuente de trabajo.
La situación es compleja y no se tiene claro cómo el gobierno podrá armonizar la esencia de estos servicios de transporte y modalidades de trabajo con las nuevas disposiciones legales.
Pese a que muchos pueden considerar que ello es imposible, en algunos lugares ya se ha logrado cambios en el modo de operar de estas compañías. En California e Inglaterra, por ejemplo, a raíz de una decisión judicial, Uber tuvo que reconocer a los conductores como empleados con un salario mínimo y vacaciones pagadas.
En Ecuador los ajustes legales para las aplicaciones tecnológicas empezaron con el pago del impuesto al valor agregado. Desde 2020 el SRI cobra por el uso de plataformas digitales que no tienen residencia fiscal en el Ecuador.
Así entonces y muy a pesar del dolor de cabeza que Uber, Cabify, Didi o Indriver les producen a los taxistas formales, que defienden a raja tabla su monopolio la amplia demanda de los servicios es real. Habrá que ver como zanja del gobierno la pelea, mediante el tan esperado reglamento.