El diseño constitucional del poder público que nace de Montecristi 2008 fue recibido hasta con aplausos. Las intenciones se leían positivas, se requería un Estado fuerte para lidiar con las élites y al servicio del ser humano. Sin embargo, y ya en la práctica, el control social basado en una organización ciudadana estatizada que inventaba a supuestos vigilantes de la transparencia y legalidad provocó el ejercicio de un poder público cerrado, institucionalmente sumiso y concentrador, justo el caldo de cultivo que requiere el florecimiento de la corrupción.
Cuando esta empezó a surgir, los patriarcas del proyecto dan una segunda lectura equivocada, se la advirtió como una amenaza al programa en marcha y un arma en manos del enemigo. Así, se la debía ocultar, disfrazar o simplemente ignorar, perdiéndose la oportunidad de empezar la depuración de sus cuadros y fortalecerse ante la ciudadanía, sin pensar, además, que la factura algún rato había que pagarla. En tal momento los controles que supuestamente existían se relajaron aún más, los casos de corrupción morían al nacer en una impunidad de hecho porque ni siquiera se investigaban.
A pesar de que los asambleístas surgen de votación directa absolutamente legitimados y no producto de un sistema de designación cohonestado, con claras competencias fiscalizadoras y de jueces políticos, de hecho, el parlamento pasó a ser una instancia más en el ejercicio de un hegemónico poder desde el Ejecutivo. Con la excusa de evitar el circo, los juicios políticos desaparecieron del escenario, blindándose con una instancia de admisión que ha venido controlando AP y que, de ser necesario, asume atribuciones que no posee para el bloqueo respectivo. Tan fuerte es la impronta, que a pesar de todo el huracán corruptor categoría 5 que ahora vivimos y en una lectura política suicida porque la nación entera los juzga, algunos continúan sirviendo a un virtual señorío político cuya estructura paulatinamente se va desmoronando, diluyendo toda iniciativa fiscalizadora.
Así, atrincherados en la Asamblea, algunos impiden que procesos contra servidores públicos se admitan para juzgar responsabilidades políticas, como la del Vicepresidente de la República, que purga prisión preventiva al estar acusado por la Fiscalía y el Estado ecuatoriano a través de su Procurador. Respetando el aún estado de inocencia del procesado frente a las imputaciones penales, lo cierto es que se oponen a que sus actuaciones como servidor público y máximo ejecutivo de las áreas estratégicas del Estado, justamente en las que se forma el huracán corruptor actual, puedan ser revisadas en un juicio político. Encubren su real posición con argumentos como la inexistencia de un pronunciamiento judicial previo no exigido legalmente como requisito habilitante, pretendiendo, seguramente, enjuiciarlo políticamente cuando ya esté condenado, lo que sería una perla negra en nuestra historia parlamentaria,
Expresé anteriormente que Alianza PAIS tenía el reto de superar la ausencia de su profeta, pero, en vez de pasar el bache, integrarse a su propio gobierno, defender posiciones ideológicas desde el interior y aportar al proyecto por el que la mayoría del país votó, unos se asustan en su orfandad política y pasan a la oposición. No superan el trauma de una transición sin libreto y control propio, provocando una inmolación colectiva. (O)