Al día 27 de febrero aún no se sabe si fue falla mecánica o error humano lo que provocó el fatal accidente de ferrocarril en Buenos Aires, que ha dejado el luctuoso saldo de 51 muertos.
Está en desarrollo la investigación, lo que no ha impedido toda clase de pronunciamientos al respecto; la mayoría de los mismos políticamente interesados, y que han mostrado un lamentable uso de la muerte de otros para fines subalternos.
La lucha posdictadura por los desaparecidos en Argentina ha dejado como secuela una especie de reviviscencia de aquellos hechos en otros posteriores, y que son ciertamente diferentes. Cuando el incendio en el Salón Cromagnon, la reacción de los familiares de las víctimas permitió advertir que, en nombre del dolor, podía culparse a funcionarios sin mediaciones ni pruebas.
Ibarra, quien fuera alcalde Buenos Aires cuando aquellos hechos, fue tildado de “asesino” por algunos de los padres de quienes murieron, aun cuando su relación con la situación fuera enormemente lejana e indirecta (más directa era la responsabilidad de algunos familiares que no sabían dónde estaban sus hijos cuando se dio el incendio, o que les permitían concurrir a lugares cerrados donde a menudo se usaban bengalas).
Ahora, una derecha mediática encarnizada pretende mostrar que todo fue falta de cuidado gubernamental. No está descartado que algo de ello pueda haberse dado, pero por ahora tampoco está acreditado.
Las falacias en la prensa opositora discurren por doquier: si el tren fuera estatal esto no pasaría, dicen sindicalistas opositores que olvidan que hubo accidentes mucho mayores cuando los ferrocarriles dependían del Estado.
“Es una tragedia anunciada”, dicen periodistas que jamás anunciaron nada ni se interesaron nunca antes por el tema. “El conductor dice que en la empresa le ordenaron seguir a pesar de que él avisó que los frenos no funcionaban”, dicen para incriminar a empresa y Gobierno sin advertir que con ello incriminan también al conductor, quien jamás debió seguir si creía que los frenos fallaban.
En caliente se pide reformar la política de transporte en general, eliminar la concesionaria en el ramal Sarmiento, mejorar el servicio en ese ramal, estatizar de una vez todos los ferrocarriles. Todas estas demandas de diverso orden y nivel se formulan mientras ni siquiera se sabe qué pasó cuando el accidente y la investigación respecto del mismo recién empieza.
Es notorio: se quiere usar la desgracia con fines políticos opositores. Si hay algún funcionario responsable, deberá ser castigado, pero esto de culpar a tontas y a locas sin tener suficientes pruebas muestra una sociedad donde algunos prefieren hablar antes de haber pensado lo que dirán.