El trabajo infantil priva a las niñas, niños y adolescentes de vivir su niñez, su potencial y su dignidad, perjudicando su desarrollo físico y psicológico.
La Constitución de Ecuador prohíbe el trabajo infantil para las niñas y niños menores de 15 años; lo establece como situación excepcional para adolescentes entre 15 y 17 años de edad.
En el Ecuador de los 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes existentes, el 8%, es decir, alrededor de 350.000, trabaja o estudia y trabaja. El 3,5% de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años ni estudia ni trabaja. Se cree que la gran mayoría se dedica al trabajo doméstico.
De las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan, el 56% realiza trabajos peligrosos, es decir, ejecutan actividades que van en desmedro de su bienestar y de su seguridad. Y que interfieren con su escolarización, ya sea porque desertan o abandonan los estudios o bien porque se ven obligados a combinarlos con un trabajo que consume su tiempo y sus fuerzas.
Las causas del trabajo infantil van más allá de la pobreza. Patrones culturales, deserción escolar, migración, violencia en todas sus formas y manifestaciones, también lo explican. Atender estas causas expresadas en desigualdades sociales, culturales y económicas es imprescindible.
Como imprescindible es entender que al ser el trabajo infantil inversamente proporcional al crecimiento de las oportunidades de trabajo para la población adulta, es esta población, en especial los padres y madres de niñas y niños trabajadores, a la que se le debe “vender” la idea del emprendimiento social.
Son ellos, no sus hijas e hijos, los llamados a asumir su rol de proveedores y desarrollar habilidades y destrezas para la economía familiar. Proteger a las y los niños en condiciones de vulnerabilidad por su vinculación al trabajo infantil es una obligación estatal, como también lo es lograr erradicar, progresivamente, esta lacerante realidad. (O)