La toga constituye símbolo de seriedad y respeto hacia los ministros, magistrados y jueces encargados de juzgar y hacer ejecutar lo dictaminado con absoluta imparcialidad; es decir, sin vínculos ni intereses con las partes involucradas y con absoluta independencia a la hora de firmar una sentencia, sin permitir influencias ni presiones de otros poderes.
La toga simboliza la excelencia de los que saben, la dignidad profesional, al ser uno de los signos de identidad más sobresalientes del Poder Judicial. Saber obliga y debe obligar- a quienes visten la toga- dignidad de acuerdo a sus convicciones éticas, para no sucumbir ante la corrupción política operada por chantajistas profesionales, cobradores de deudas pasadas inconfesables; sin caer tampoco en la tentación de los sobornos económicos que facilitan la compra de la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de la sociedad en el valor e importancia de la ley con todas sus consecuencias de las que da cuenta y razón la historia.
Lo que le convierte a un juez en el actor central del sistema de impartición de justicia, es la oportunidad de brindar una salida constitucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta, completa y gratuita. Por algo son la máxima autoridad dentro de un tribunal de justicia y tienen la autoridad para aplicar el derecho, juzgar y sentenciar a un imputado, al declararlo inocente o culpable, según las pruebas o evidencias que se presenten en el juicio.
En Ecuador, día a día, ciertos jueces dan muestras de fidelidad ideológica, de pago de favores políticos y de engrosar sus billeteras, antes que el principio de justicia, que se basa en dos hechos: todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen la misma dignidad, independientemente de cualquier circunstancia, y por tanto, son merecedoras de igual consideración y respeto.
La justicia ecuatoriana despierta más dudas que aplausos. No solo de los usuarios, entrampados en papeleos interminables y en gastos constantes. También de los propios operadores de justicia que, con regularidad, denuncian cómo ciertos fallos parecen parte más de una conspiración de series de Netflix que de procesos judiciales.
Fue la primera vez en poco más de 40 años —desde que Ecuador volvió a la democracia en 1979— que se ejecutó una sentencia contra un expresidente. Este, tiene abiertos treinta procesos judiciales y a nuestro país, no ha regresado desde diciembre de 2017. En julio de 2018, una jueza nacional, ordeno por primera vez prisión preventiva en contra el economista por no cumplir con la medida cautelar de presentarse ante la Corte Nacional de Justicia. Ese sistema, en el que pocos tienen confianza, es el que juzgó a Rafael Correa y a los exfuncionarios, muchos prófugos.
Cuando el tribunal de justicia, lo declaró culpable de un delito de corrupción y lo condenó, en primera instancia, a ocho años de cárcel y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el "caso sobornos 2012-2016", se pensó que sus aspiraciones a candidato, terminaron. En el 2021, presentó una impugnación para anular la sentencia a ocho años de prisión por el caso ‘’Sobornos ‘’. La Corte Nacional de Justicia desestimó y puso fin a su aspiración de ser candidato a vicepresidente en la elección 2021.
Agosto 2023 será el tercer proceso electoral presidencial que observará desde lejos y en los cuales, no es protagonista, aunque mueva los hilos del poder. Su candidata encabeza el binomio presidencial. Se preparan para el 2024 y al parecer por varios antecedentes, el regreso al poder del ex mandatario, parecería depender más de la Justicia que de las urnas.
Es difícil confiar en que los fallos de la justicia ecuatoriana sean justos. También despierta suspicacias que los gobernantes de turno puedan no caer en la tentación de tener una justicia light ante sus intereses políticos; hay que sentar precedentes para quienes cometen delitos desde el sillón del poder.
Es condenable resignarse a un péndulo perpetuo en el que la justicia responde a un interés político. Eso no tiene nombre porque esa justicia que parece históricamente selectiva, resta confianza y debilita la democracia. Un llamado a la opinión pública para concentrar los esfuerzos en la calidad de la justicia, más allá de las sentencias.