La Organización Mundial de la Salud afirma que las enfermedades crónico-degenerativas (cáncer, insuficiencia renal, cirrosis, artritis, diabetes, etc.) consumen 30% de los presupuestos de salud, por tanto es mandatorio encontrar una terapia que reduzca costos, sea eficiente y de uso generalizado. Esto ha llevado a los investigadores a estudiar las células madre como alternativa terapéutica.
Pese a que existen unas 70 mil clínicas en el mundo que ofrecen terapias “para todo” con células madre, desde el punto de vista científico y objetivo, los resultados reales a lo sumo llegan a mejorías en el 42% de casos y por ahora no existe evidencia de curaciones como las ofrecidas. Tampoco existen protocolos estandarizados ni probados para afirmar, como se ha generalizado, que las células madre son la panacea.
Las instituciones estatales están conscientes de las limitaciones terapéuticas con estas células. China, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, entre otros países, han limitado su uso. La legislación ecuatoriana no aprueba terapias con células madre, pero existen centros donde las utilizan, que, según se ha denunciado, estarían al margen de la ley y de protocolos científicos.
Los costos de almacenamiento en bancos de células madre rodean los 2 mil dólares al año por muestra. Se calcula que los ingresos privados por la promoción y venta de células madre podrían llegar a 500 mil millones de dólares.
Desde la perspectiva de salud pública, no se discute sobre almacenar o no las células madre, sino sobre el derecho que la población tiene o tendría, en el caso de demostrarse la efectividad de esta terapia. Por tanto se debe acelerar la investigación con células madre, ya que resolvería problemas de trasplante de hígado o riñón que cuestan de 100 a 300 mil dólares. Si el tratamiento con células madre llegara a ser efectivo para regenerar órganos y tejidos, el Estado debería asumirlo, con lo cual ahorraría 1,2 mil millones de dólares en salud, tomando en cuenta los costos en el sector privado (de 6 a 60 mil dólares).
Apegados a la ley y a la visión de una salud pública generalizada, y como parte de los derechos que el Estado debe garantizar, la terapia con células madre, una vez probada su validez, debería constar dentro de las prestaciones básicas de salud. El Estado es el llamado a investigar con células madre y si la terapia con células madre es realmente efectiva, el propio Estado debe asumirla y ofrecerla de forma gratuita.