Bolivia vuelve a la actualidad mediática internacional por un incremento de las tensiones sociales: las protestas en enero de 2011 por la eliminación de los subsidios al gasóleo, la controversia por el proyecto de carretera que conectaba el valle subandino con la Amazonía pasando su segundo tramo por el Territorio Indigena Parque Natural Isiboro Secure (TIPNIS) y los resultados de las elecciones a todo el órgano judicial. La mayoría de las lecturas, unas conservadoras y otras irresponsablemente críticas, olvidan aspectos fundamentales.
Por una parte, que la protesta social es en Bolivia el medio privilegiado de canalización de demandas políticas al Estado –y no un hecho anormal o expresión de crisis-. Por otra, que la oposición no podrá capitalizar la erosión del oficialismo sin programa, liderazgo y propuesta de país creíbles. Y por último, la resignificación del término política y democracia en los últimos años en Bolivia.
Es innegable que el bloque social en el que descansa el oficialismo en Bolivia vive una expansión de las diferencias en su interior. Este es un resultado paradójico de la derrota de la oposición de derecha regionalista, que se atrincheró en los departamentos del Oriente del país para colapsar el proceso de refundación del Estado. Superada la amenaza involucionista, desaparece también su efecto cohesionador al interior del heterogéneo campo popular.
Evo Morales orienta su acción de gobierno hacia la generación de normas y políticas públicas acordes con las expectativas depositadas por las capas subalternas del país: descolonización estatal, desarrollo y redistribución de la riqueza colectiva, recuperación de la soberanía, descentralización y modificación de la relación con el medio natural.
Este momento de construcción es a menudo menos épico que el de la resistencia, pero crucial para que la correlación de fuerzas cristalice en nuevas instituciones que hagan realidad las promesas de cambio a favor de las mayorías.
Esto implica necesariamente la apertura de debates críticos al interior del “bloque indígena y popular”, como el del modelo de desarrollo, en el que friccionan el proyecto “nacional-desarrollista” con el imaginario del “vivir bien” de inspiración eco-indianista.
El conflicto del TIPNIS pone de manifiesto esta tensión en una Bolivia en transición, que debe conciliar la equidad social y la justicia ambiental. Y tiene el desafío de afrontar la dialéctica entre las necesidades coyunturales y los cambios estructurales.
Es lógico que este proceso sea “turbulento”. El conflicto es la señal de la amplitud y profundidad de la democratización en marcha. En ello está Bolivia, con sus contradicciones y su acelerado tiempo histórico, sus tensiones, apostando a una revolución democratica que no deja contentos a todos, pero donde todos participan. La diferencia radical con el pasado está en la expansión del alcance de la soberanía popular y la existencia de un Gobierno que responde a los intereses y las interpelaciones de su sociedad, en un proceso dinámico de negociaciones y renegociaciones que los clásicos llamaban “democracia”.
Tres hechos muestran el nuevo momento político. La rectificación en la eliminación de los subsidios al gasóleo; la aplicación del sufragio universal para elegir el sistema judicial -previa preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de votos-; y, la propuesta -quizás tardía- de una ley que regula el derecho a decidir de los pueblos indígenas, acompañado con la rectificación de la misma por parte de Evo después de la negociación con la marcha indígena proponiendo que la carretera no pase por el TIPNIS.
*Los autores son investigadores que han seguido de cerca el proceso boliviano