Los medios de comunicación “independientes” pierden espacio, credibilidad e influencia en la ciudadanía con el surgimiento en el escenario nacional de los medios públicos, que con la difusión de la verdad y la práctica de la ética mantienen un justo equilibrio en la formación de una correcta opinión en el medio social.
Hoy, con una nueva derrota de la derecha política, la “prensa privada” busca otra estrategia para no arriar su disminuido poder. Centra sus acciones en la Asamblea Nacional y difunde a manera de advertencia que la libertad de expresión está en peligro de riesgo y hasta de muerte, porque, según articulistas y comentaristas “libres e independientes”, “no se puede decir que vivimos en plena libertad, cuando diariamente se agrede a periodistas, a medios y ciudadanos comunes”. Simultáneamente, en evidente complot, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódico -Aedep- y la Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- intervienen y aseguran, sin fundamento que “las agresiones gubernamentales buscan constreñir la libertad de expresión” y con cinismo llama al Gobierno a poner límite a su política de intolerancia con los medios independientes.
Articulistas y comentaristas “libres” constantemente tildan al Jefe de Estado de insultador, fascista, dictador, sin que autoridad alguna le llame la atención, sin embargo, sostienen que no hay libertad para decir lo que les da la gana. Los diarios y canales distorsionan o dimensionan los hechos con la intención de fastidiar al régimen, principalmente en épocas de campaña electoral. A pesar del abuso, no hay ningún medio de comunicación clausurado ni periodista perseguido; uno que otro, observado o demandado por irrespeto al Mandatario.
Hoy, cuando entra en el debate la Ley de Medios y las atribuciones del Consejo de Regulación, toda la “prensa independiente” y sus instituciones aliadas se movilizan para boicotear su aprobación y vigencia, en contubernio con los asambleístas de oposición. Llegó el inexorable momento de que los medios y periodistas “independientes” ejerzan sus actividades, con sujeción a normas como garantía de su conducta y responsabilidad social. En el fondo, los dueños de los medios temen perder el monopolio y control de la opinión pública. Previa aprobación de la mayoría de los ecuatorianos, la Ley de Medios asegura la vigencia de un periodismo serio al servicio de la colectividad.