Escribo desde la condición de quiteña que observa con dolor su ciudad destruida y un país devastado.
Tras 18 días de angustia e incertidumbre muchos sentirán que llegó la paz con la firma del acta, con la que terminó el paro. En lo personal, no siento tranquilidad, tengo la impresión de que solo es una tregua. La violencia puede volver si no tomamos conciencia de que en el Ecuador sobreviven cerca de 7 millones de personas, con ingresos diarios que fluctúan entre los USD 2.8 y USD 1.6 dólares. El Inec reveló, en diciembre 2021, que un 27.7% de la población percibe ingresos familiares menores de USD 85,60 mensuales y un 10.5% menores de USD 48,24.
Esta pobreza, que en el área urbana llega al 20.8% y se duplica en el área rural, es motivo suficiente para miles de personas que se unieron a la convocatoria de Leonidas Iza, un líder radical con claras ambiciones de capturar el poder político.
13 meses han pasado desde que el presidente Guillermo Lasso asumió el poder. En este tiempo, el gobierno se ha concentrado en poner las finanzas en orden. Terminar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, renegociar la deuda con China, arreglar la deuda con el IESS, pagar cuentas pendientes a los gobiernos seccionales y Solca, han estado entre sus prioridades.
Ordenada la casa, según el gobierno, se desarrollarían sus programas sociales. El orden previsto y la falta de sentido estratégico le jugaron una mala pasada. Iza se le adelantó y aprovechó la falta del empleo ofrecido, falta de medicinas, servicios públicos deficientes y altos precios de los alimentos de primera necesidad, para traer a los indígenas a Quito, sitiar varias ciudades de la sierra central, tomarse carreteras, florícolas, mercados, pozos petroleros, antenas de telecomunicaciones, reservorios de agua potable, etc. A él, su sumaron grupos armados extremistas, que amenazaron, agredieron y aterrorizaron a la población.
Quizás lo peor de esta crisis es que el gobierno no la vio venir. El precio del descuido es muy alto. Un cálculo preliminar estima que las pérdidas económicas de la movilización nacional superan los 1000 millones de dólares. A ello hay que sumar que ahora que el gobierno tendrá que elevar el subsidio a las gasolinas y al diésel.
Difícil tarea la que se le viene a este gobierno. Le tocará sentarse a dialogar, a la fuerza, con Leonidas Iza y los movimientos sociales, y además enfrentar una oposición muy fuerte, que lo acosa, siguiendo una estrategia política clara de desestabilización.
Lasso se ha comprometido a hacer del campo y de la ruralidad una prioridad nacional. Eso esperamos todos, porque Iza ha advertido que, si los diálogos no continúan y no se concretan sus compromisos, en 90 días volverán a Quito.
Está claro quienes quieren desestabilizar la democracia, pero no todos los manifestantes son vándalos. Las generalizaciones no nos hacen nada bien como sociedad, peor aun si tras ellas, está la intención de negar una latente y dolorosa realidad en la que viven miles de ecuatorianos.
La realidad y las amenazas obligan al gobierno a trabajar con premura para recuperar la condición de vida de los ecuatorianos y atender las demandas reales de la población. No debe permitir que la pobreza sea utilizada para legitimar oscuros objetivos antidemocráticos.
Esto solo es una tregua.