Algunos medios de difusión solventaron la noticia de la exhortación de la Fiscalía ecuatoriana a la Corte de Apelaciones de Santiago -pedido aceptado-, para que realice la investigación sobre el asesinato de tres ecuatorianos en los primeros días del putsch fascista de Pinochet que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Uno de los inmolados fue Sócrates Ponce, a quien conocí en la infancia inolvidable, de la provincia, amistad que años después reanudamos en el agridulce exilio en Chile, generado por el cuartelazo montado por una embajada extranjera que instaurara en Ecuador un régimen conculcador de garantías básicas y autor de violaciones a las libertades individuales y sociales, en 1963.
En la capital chilena -donde coincidimos con otros connacionales- debimos asumir el retorno a los estudios y así vislumbrar el futuro; construir nuevos núcleos familiares en esa tierra generosa y sabia era una alternativa, regresar al hogar natal era otra. Obviamente cuando se extinguiera el despotismo de los ‘cuatro coroneles de la traición’, como calificara el expresidente Arosemena Monroy a aquellos autores del golpe de Estado que lo derrocaron, el 11 de julio del 63.
Con la caída del autoritarismo, los coterráneos que vivieron el ostracismo regresaron al país y quedamos los dos, culminando las carreras y asumiendo nuevas temporalidades, esta vez de hogar. Ambos nos casamos con damas chilenas. Con el ascenso presidencial de Allende nos sumamos al proceso de cambios; él desde la actividad gubernamental y yo en la privada.
La muerte de Sócrates Ponce ocurrió aparentemente el 16 de ese fatídicoseptiembre, cuando luego de ser capturado y atrozmente torturado en un estadio, fue fusilado junto a muchos otros latinoamericanos chilenos y estadounidenses, en aquel aquelarre siniestro y sucio, ejecutado por la derecha chilena y concebido por la CIA, como castigo brutal a la rebeldía popular.
Casi dos décadas después, cuando se ‘abrieron las anchas avenidas’, se dio la indagación de las inconcebibles transgresiones a DD.HH., cometidas por los agentes de la dictadura pinochetista; y en 1990, el informe de la comisión de la verdad, presidida por el exlegislador Raúl Rettig, a instancia de la vindicta pública nacional e internacional y cumplido por el mandatario recién elegido, Aylwin, logró el registro del delito ominoso contra los compatriotas cometido por la autocracia.
A pesar de los 5 lustros transcurridos de ese valioso dictamen del Estado chileno, de las violaciones de la tiranía -sin eco justiciero-, considero fundamental la iniciativa del ministerio público de la nación para sustentar la obligación histórica e ineludible del Ecuador, de agotar esfuerzos legales para lograr el castigo de los culpables materiales e intelectuales del crimen.
En días pasados conocimos el acuerdo de las ilustres presidentas de Brasil y Chile para el canje de información sobre las dictaduras que sufrieron los 2 pueblos y de los atroces suplicios ejercidos a miles de sus compatriotas, ambas mandatarias fueron víctimas de la sevicia de crueles carceleros. Está, entonces, la coyuntura vital, para que la justicia brille sobre la impunidad que repta todavía.