La plataforma de lucha de la Conaie ha variado sustancialmente en los últimos años. Pasó de que en la Constitución se establezca al Estado ecuatoriano como Plurinacional e Intercultural. Para ello contaron con los votos de Alianza PAIS en Montecristi. Parecía que con eso se lograba una de esas conquistas históricas para dar paso a una nueva etapa. Ahora, a más de pedir anular las leyes de tierras y aguas, piden que se archiven las enmiendas. Y como es de conocimiento público, en ninguna de las enmiendas propuestas hay un solo aspecto que perjudique o beneficie a los indios ecuatorianos.
Por eso bien vale la pena preguntarse por qué piden eso, como si fuese el todo y nada, de vida o muerte. Aunque no existiese ningún nexo, vínculo o relación con la derecha encabezada por Guillermo Lasso, lo que manifiestan en todas las entrevistas los dirigentes de la Conaie y del FUT coincide perfectamente y así todo resulta sospechoso.
A ello habría que añadir hasta dónde están preocupados los dirigentes indígenas por sus comunidades, qué han hecho por atender los problemas de los comerciantes de los mercados de Quito y Guayaquil que reciben maltrato de las autoridades municipales o, por lo menos, siguen tratándolos como comerciantes de última categoría, no como hacen con los ilustres representantes de las cámaras de comercio de las dos ciudades a los cuales reciben como a príncipes.
Y hay algo más importante: si no están preocupados por la situación de las comunidades, ¿por qué asumen como la bandera de lucha de ‘patria o muerte’ el archivo de la enmienda que permite presentarse a una reelección a cualquier autoridad, si entre los dirigentes están personas elegidas varias veces, como el mismo Salvador Quishpe o Marcelino Chumpi? Si ellos creen que nadie debe reelegirse, debieron renunciar a la reelección en la última competencia electoral.
De todos modos, hasta ahora parecería que lo de fondo es otra cosa, como ya se ha dicho en esta misma página por otros estimados editorialistas: al convertirse en actores políticos, al dejar de ser un movimiento marginado, excluido, al asumir en igualdad de condiciones su participación política (tal como se puede comprobar en la existencia de gobiernos autónomos locales presididos por indígenas) ya no se los puede tratar como ‘pobrecitos’.
Al mismo tiempo, deben considerar que si hay algo por qué luchar es por la dignidad de los indígenas y ello implica, por ejemplo, atención urgente y prioritaria a los problemas de violencia intrafamiliar, salud preventiva, atención a la educación de calidad para forjar oportunidades reales para todos, etc. Porque de ello no se habla en ninguna de las demandas de la Conaie y sabemos que muchos de esos problemas ya no son competencia exclusiva del Estado central, sino de una tarea responsable e histórica de las organizaciones, de sus comunidades, para lo cual lo único que puede hacer el Gobierno es facilitar las condiciones, poner los recursos necesarios y finalmente, como ya consta en la Constitución, garantizar los derechos como iguales en una sociedad democrática.
Si con el archivo de las enmiendas los indígenas pobres salieran de esa condición, nadie dudaría en hacerlo inmediatamente, pero eso no es cierto y hay un engaño perverso. (O)