Es lamentable que, hoy por hoy, la Contraloría General del Estado (CGE), ese espacio donde se monitoriza y se vela que la actuación de aquellas almitas que están ocupando cargos públicos (sin excepción alguna) sea en el marco del buen uso del patrimonio nacional, esté tan venida a menos: su primera autoridad (nombrada por el CPCCS Transitorio, y que tal acción resultó un señor yerro), en la cárcel (y no por luchar contra la corrupción, de paso); y así generando en el tejido social inquietud y hasta “encantar los oídos” de “los traviesos”: “pero si el que debe cuidar los dineros del pueblo está cuestionado, entonces viva la fiesta”. ¡Algo hay que hacer!
De ahí que, casi casi por fin, el CPCCS decide retomar con fuerza una de sus principales atribuciones: el fomento del derecho de participación –ciudadana–, y lo ata a su otra gran facultad: la designación de autoridades; en el marco del proceso de designación de la primera autoridad de la CGE. Siendo así que este organismo presentó al país un proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición respectivo. Es más, este fin de semana sus miembros resolvieron socializar tal cuerpo legal para con la ciudadanía (ya no exclusivamente con organizaciones sociales, que fue otro de los errores del CPCCS Transitorio) en pro de contar con unas directrices que precisamente respondan a ese clamor social: contar con autoridades honestas, de honor y con vocación de servicio.
Sí: el CPCCS hoy debe luchar hasta el final por promover la mayor participación posible para la designación de la persona que estará al frente de la CGE. Han hecho bien al eliminar absurdos requisitos de entrada como “la trayectoria profesional de “x” número de años, que finalmente evidenció ser un dispositivo que camufla tanto el direccionamiento como la mediocridad”, y también acertadamente actúan al indicar como parte de los requisitos básicos la preparación académica (maestría en ramas como la administración pública). Y, aunque no es suficiente, introducen la consideración de certificado psicológico de habilidades y/o actitudes como elemento mitigador para evitar contar con una autoridad “con un tornillo suelto” en su mente.
No: el CPCCS debe estar vigilante ante fuerzas sectarias que busquen armonizar el proyecto de reglamento a conveniencia de intereses egoístas y poco patrióticos: “que debe ser específicamente profesional del Derecho… que debe tener mínimo “x” edad… que solamente las organizaciones sociales postulen candidatos… que la(el) candidata(o) debe tener auspicio de un determinado espacio (universitario, gremial, empresarial) …”. Parte de lo dicho hizo mucho daño al país, y penosamente el CPCCS Transitorio lo hizo su regla.
Una idea final: ¿Cómo despolitizar la CGE con una nueva autoridad electa? Sencillo. La autoridad electa, para conformar su equipo de trabajo, no lleve a “sus amigotes”. No. Mejor: seleccione de quienes fueron las(os) mejores puntuados en el concurso público. ¡Qué mejor que escoger de quienes demuestran “algo saber”, más que de la materia, de la realidad nacional!