Transcurría el año 1952. Guatemala era gobernada por el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. En su administración se promulgó la Ley de Reforma Agraria que buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, considerado como la columna vertebral del poder oligárquico. Esta ley promovía la entrega de tierras a los que la trabajaban y la supresión de varias formas de explotación a los campesinos.
La empresa bananera United Fruit Company poseía 220.000 hectáreas; le expropiaron 156.000 que las mantenía sin cultivar. Todos los terratenientes afectados recibieron el pago en bonos del Estado, de acuerdo al valor fiscal reportado durante los tres años anteriores. Esta medida disgustó a los grandes propietarios. Para el año 1954, 138.000 familias campesinas se habían beneficiado con la nueva ley. Pasaron a ser dueños de pequeñas y medianas extensiones. Además, el gobierno les proporcionó créditos.
La aplicación de esta ley significó un desafío a la estructura de poder tradicional en Guatemala. Se crearon los Comités Agrarios Locales en cada finca, que representaban nuevas formas de poder alternativo. Los terratenientes -al ver amenazados sus intereses- se unieron a la campaña en contra del “régimen comunista de Arbenz”.
Los sufrimientos para el pueblo de Guatemala se iniciaron cuando se produjo el golpe de Estado en 1954, con el apoyo abierto de los Estados Unidos. A partir de este año se sucedieron dictaduras y gobiernos autoritarios que ordenaron masacres y desapariciones, especialmente de campesinos.
Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el conflicto (1954 -1996) dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, un millón y medio de desplazados internos y externos. De acuerdo a la misma fuente, los combates directos entre el Ejército y la guerrilla produjeron el 10% de las víctimas. El resto se enmarca en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Efraín Ríos Montt se autoproclamó dictador, durante el período del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. Fue precisamente en esta época en que se planificó y ejecutó genocidio contra cuatro grupos étnicos mayas, en vista de que la doctrina de seguridad nacional los consideraba “enemigo interno”. Fue llevado a juicio por genocidio. Se le acusaba de haber ordenado la matanza de 1.771 miembros del pueblo Maya - Ixil.
Luego de doce años de haberse abierto el caso, el 10 de mayo de 2013 la jueza Jazmín Barrios leyó la sentencia que emitió el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en la que Ríos Montt es condenado a 50 años de prisión por genocidio y 30 años por delitos de lesa humanidad. Se ordenó también “abrir investigaciones contra otros implicados; la ampliación del resarcimiento a las víctimas de genocidio, la declaración de perdón por parte del Estado a todas las víctimas y su plena garantía de no repetición de estos hechos”.
Esta sentencia histórica abre las condiciones para terminar con la impunidad en Guatemala. Los nombres de Jazmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul serán recordados como símbolos de jueces probos, dignos, valientes.