La educación en todos los niveles debe ser prioridad nacional impostergable. Acá me referiré al obligado financiamiento para la educación superior pública, ese ámbito de formación de profesionales en carreras de pregrado o en programas de posgrado. El Estado tiene la responsabilidad fundamental de apoyarla y generar condiciones para su desenvolvimiento con calidad. No garantizar la provisión de recursos económicos suficientes a la universidad pública, conforme manda el ordenamiento jurídico, es desentenderse de un frente vital para el Ecuador.
Lo financiero es un pilar de la autonomía universitaria que sostiene y hace crecer a la universidad, le permite desarrollar un proyecto académico con seguridad y previsibilidad, por esto los recursos deben ser suficientes y oportunamente entregados. Pero, el mes pasado el Consejo de Educación Superior (CES) resolvió recortar el porcentaje de participación de algunas instituciones en el FOPEDEUPO -en 2018 también lo hizo-; la más afectada por esta decisión inconsulta es la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador.
Sin recursos la universidad corre el peligro de estancarse, y se afectan la marcha institucional, becas y ayudas financieras, creación de oferta académica y cupos, investigación, vinculación con la sociedad, publicaciones, fortalecimiento tecnológico, laboratorios, instalaciones. La solución no es quitar a pocos lo que les representa mucho, para entregar a muchos lo que les significa poco.
El CES acaba de integrar una Comisión Ocasional para revisar la fórmula de distribución de recursos para el 2022; esperamos que corrijan el perjuicio causado con resoluciones que debilitan la autonomía universitaria, y comportan una evidente regresividad de derechos prohibida tajantemente por la Constitución. La universidad y los universitarios son músculo poderoso que desde los espacios público y privado pueden impulsar el rescate y adelanto del país, no es tan difícil de entenderlo.