Un año atrás, el 30 de septiembre, se inició con una protesta en el Regimiento Quito No. 1, que en las siguientes horas se transformó en insubordinación policial nacional. Solo ese hecho era inconstitucional e ilegal. La insubordinación se transformó en agresión y luego secuestro al presidente Rafael Correa, una vez que el Mandatario se hizo presente en el regimiento.
En forma paralela, se impidió el funcionamiento de la Asamblea Nacional, paralizaron las otras funciones y aparatos del Estado, cerraron empresas y comercios, se suspendió el sistema educativo. El país, en definitiva, entró en riesgo institucional. Y se sumó el ataque y la violencia policial contra los ciudadanos que, por sus convicciones propias, se lanzaron a la calle para rescatar al Presidente y defender la democracia.
Los “anticorreístas” y opositores al Gobierno encontraron propicia la situación para movilizarse: saludaron a la policía insurrecta, salieron a las calles, lanzaron consignas, activaron a sus seguidores, clamaron por la caída de Correa, atacaron la televisión pública, exigieron la renuncia del Presidente. Asambleístas de oposición se anticiparon a pedir la “amnistía”.
Partidos, activistas y políticos bien identificados, buscaron transformar la situación en un golpe de Estado definitivo, que acabara con el “tirano”, el “dictador”. Alguno habló de “revocatoria de hecho”. A ninguno se le ocurrió condenar la insubordinación. Ninguno dijo, expresa, clara y tajantemente, que defendía la democracia. Nadie dijo defender al Presidente o condolerse de su drama humano. Todos creyeron llegado el momento de tomarle cuentas a Correa y a su régimen.
Que los políticos golpistas hayan obrado así no es raro. A ellos, y a los editorialistas unidos a su causa a través de la prensa, interesa continuar posicionando la idea de que ni hubo golpe, ni secuestro ni intento por matar al Presidente. Lo que llama la atención es que ese mismo 30-S, una serie de dirigentes y personalidades indígenas, varios líderes laborales, partidos autodenominados de “izquierda” y una serie de “izquierdistas”, hicieron públicas declaraciones y manifestaciones de apoyo a los policías insubordinados, respaldaron semejante “lucha popular” y aprovecharon también para cuestionar al Presidente Correa, sin advertir, por un momento siquiera, que existía una situación de golpismo en camino y de riesgo a la institucionalidad. ¿Cuál es su responsabilidad histórica, política y judicial?