Operó la temible “muerte cruzada”, mecanismo inventado para la Constitución vigente desde 2008, y que a ojos de estudiosos de la materia no tendría parangón con ningún otro de una democracia contemporánea. Es una herramienta política regulada jurídicamente; permite al poder ejecutivo o al legislativo cesarse mutuamente y de forma anticipada para llamar a elecciones extraordinarias, presidenciales y de legisladores. Una medida extrema como ésta debe ser utilizada ante poderosas razones y en el marco de una estrategia, también política. Tratemos de comprender las razones que impulsaron al primer mandatario a suscribir el Decreto Ejecutivo 741.
El decreto apela a “grave crisis política y conmoción interna”, una causal del artículo 148 de la Norma Suprema, para cesar a la Asamblea Nacional. Al margen de esta definición formal pero importante para el análisis, en el último tiempo hemos sido testigos de la evolución de una especie de mala obra literaria de realismo mágico, condimentada con una colección de políticos impresentables y de pobrísimo desempeño, rebajando la política criolla a niveles vergonzosos. En concreto, el juicio político al presidente -proceso errático, rabulesco, kafkiano y nebuloso-, las agendas de ambición y de revancha personal, y el canibalismo entre políticos, solo han demeritado a la misma clase política, al tiempo que han llegado a paralizar al país. ¡Se colgó el sistema!
La verdad sea dicha. La muerte cruzada es el epitafio de la Política, demuestra que los políticos renunciaron a la Política como arte que debe cultivarse con diálogo y acuerdo para servir a los ciudadanos; visibiliza una crisis política evidente y decisiva que genera demasiados riesgos para el desarrollo nacional. Cuando se renuncia al cometido natural y fundamental del obrar político el país queda en vilo, los elegidos para servirlo traicionaron su mandato, de allí que el producto de las próximas elecciones tenga que ser necesariamente renovador en los principales dominios del poder público, lo contrario sería condenación a vivir en un bulo altamente destructivo.
Puede deducirse que el Código de la Democracia no habilita expresamente para que los asambleístas cesados por el Decreto 741 puedan volver a ser candidatos inmediatamente; sin embargo, ya en 2010 la Corte Constitucional, fundamentada en el principio universal de irretroactividad normativa, ha aclarado mediante sentencia interpretativa 002-10-SIC-CC, que una nueva participación no implicaría “reelección” para los cesados, sino “elección”. Además, la nueva elección para cesados no sería para un nuevo período, sino para completar el que estaban ejerciendo.
Visto así el tema, hay riesgo real de que los mismos políticos cesados vuelvan a presentarse y a obtener el apoyo popular en las urnas. Esto ocurriría en no pocos casos si el pueblo sufre de amnesia colectiva, y si renuncia a leer críticamente el accionar indecoroso de personajes que de nuevo pueden ser postulados por partidos y movimientos políticos, para las votaciones del próximo 20 de agosto. De su lado, por respeto al país y a la dignidad de su gente, los políticos sin mérito alguno deben abstenerse de participar en la nueva contienda electoral, y dar paso a figuras diferentes, capaces de unir, y preparadas para dirigir la nación con estabilidad en medio de un mar de desesperanza y amenazas.
Este preocupante panorama demanda de políticos demócratas, honestos, cuya agenda primordial sea atender las necesidades de la gente: seguridad, trabajo, salud, educación. Se requiere de hombres y mujeres que dignifiquen la política con ética y transparencia. No necesitamos de políticos seleccionados a dedo, ni de aquellos cultores de la “política orgánica”, esa -de la traumática España franquista-, que obedece ciega y obsecuentemente al dueño del partido o movimiento político, o a la secta dirigente, en lugar de responder a las expectativas de los electores, y a los principios liberales sustentados en la democracia participativa y el Estado de Derecho. La traumática muerte cruzada solo habrá servido para superar la crisis, si se logra resetear el mapa político, orillando a políticos impresentables e indignos; para lograrlo, la solución otra vez está en manos de las organizaciones políticas, de candidatos y candidatas, y de votantes responsables, únicamente comprometidos con el futuro del país.