Siempre he estado a favor de rescatar las ideas que generan bien común. Estoy convencido de que una de ellas es el proyecto de Ley sobre la Renta Básica Universal (RBU), la cual, a decir de una de sus defensoras, pretende dignificar a quienes están en el desempleo, la pobreza extrema o tienen a las calles por hogar, mediante la asignación estatal de un salario básico unificado.
Tiempo más tarde, varias personas brindaron su apreciación, respetable, pero, creo yo, tendiente a dividir y no a construir: solo críticas, pero exiguos criterios para mejorar o lograr el objetivo, y que creo que cualquier persona medianamente inteligente buscaría: que el(la) desempleado(a) cuente con una asignación estatal temporal exclusivamente para sobrevivir (cubrir la canasta básica familiar y estar al día con los servicios básicos) mientras retorna al mundo laboral.
Pero, seamos claros: defiendo el objetivo, no la propuesta tal como está. La misma debe mejorarse, y para ello cabría reflexionar en lo que la ONU argumentó en julio pasado, a favor de la RBU, destacando: temporalidad; medida no aislada ni única; dinamizadora de mayores beneficios (como la reducción de la desigualdad) frente a los costos (aunque son altos, si no se lo paga aumenta la probabilidad de un “conflicto civil”). Además, impulsa transformaciones necesarias como una tributación justa (garantizar no evasión) y progresiva (quienes más tienen (personas y empresas), más aporten).
Mi propuesta, presidente Moreno: para quienes están en pobreza extrema e indigencia, trabajo desde el MIES con el BDH, que, de paso, y hay que decirlo: desde ahí no se ha hecho lo suficiente; y, para quienes son parte del desempleo (por despidos), cabe RBU condicionada: temporal y atada a una labor más proactiva del aparato gubernamental para con el sector privado, así mientras se recibe la RBU, el esfuerzo de la persona desempleada se cristaliza más rápidamente con el trabajo Gobierno-Empresariado en pro de reinserción en el campo laboral formal. ¿Cómo financiarlo? Bien, subsidio estatal más creación de un fideicomiso formado por “almitas privadas” que cuentan con alto poder adquisitivo, que en Ecuador sí las hay. ¡Ahí veremos la tan cacareada solidaridad!