Últimamente varios medios de comunicación han destacado las extraordinarias cifras que registra el país por las remesas que envían nuestros migrantes desde el exterior. Organismos internacionales, destacan los beneficios de la migración para el crecimiento económico tanto para el país de origen como del país receptor. En Ecuador las remesas representaban en 2013 el 2,6% del PIB y, en 2021, alcanzan el 4,1% del PIB ($4.362,4 millones). En ese período la tasa de crecimiento de las remesas es muy significativa (7,5%), que comparada a la tasa del 1,4% con la cual crece el PIB, nos revela que la incontenible salida de ecuatorianos responde a un problema estructural que va más allá de la reciente crisis de la pandemia que, sin duda, la potencia aún más.
Este extraordinario esfuerzo de nuestros compatriotas en el exterior es fundamental para la economía del país y para el sostenimiento de la dolarización, a través del impulso al consumo de las familias (no inversión) que permanecen en Ecuador. Más allá de la importancia macroeconómica, deberíamos reflexionar respecto a las razones que impulsan esta constante salida de ecuatorianos. Las ciencias sociales atribuyen diversas causas para tomar la decisión de emigrar; entre las principales están la falta de trabajo, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios, la inseguridad producto de la violencia y otras como las guerras y la persecución étnico-religiosa.
Al parecer nos quedamos satisfechos con el importante ingreso de dólares y normalizamos las razones de emigrar; no obstante, no somos del todo conscientes que estamos expulsando permanentemente nuestro capital humano en su ciclo de vida más productivo. Olvidamos que la decisión de emigrar es una consecuencia de un complejo proceso mediante el cual se resquebraja en la familia un proyecto pendiente por una realidad que rompe las expectativas de realización personal, política y social. Es una decisión para evitar el derrumbe familiar y tratar de escapar de una situación angustiante, sin visos de solución a corto y mediano plazo, tipo callejón sin salida. Dispuestos a viajar como ilegales, víctimas del coyoterismo, las familias se endeudan en mercados ilícitos y cooperativas en montos que van desde dieciocho a treinta mil dólares por persona, en un periplo de maltrato, zozobra y con el riesgo latente de ser deportado o incluso perder la vida.
Estamos construyendo una sociedad que enfoca su energía en discutir la inmoral e inexplicable salida de la cárcel de un delincuente con la permisividad del gobierno; en soportar el descaro de una clase política impresentable y corrupta que bloquea iniciativas de empleo, mientras miles de ecuatorianos, en ausencia de futuro, salen del país todos los días, en silencio, agobiados por una realidad que los supera.