En las economías de países en vías de desarrollo, como Ecuador, que está en un real proceso de institucionalización y pago de la deuda social a la comunidad para reducir las brechas socioeconómicas, no podemos olvidar que, mientras estamos en la transición de estos cambios profundos, la economía de la regulación debe corregir los fallos del mercado. Como en el caso de los negocios de CD de películas, música y documentales, que en el país tienen casi 20 años y generan el sustento para 160.000 familias.
Hay una red estimada de 65.000 locales y vendedores ambulantes. Además de ganancias para los mayoristas que producen y comercializan en Ecuador, Colombia y Perú, también ese negocio se ha convertido en una fuente de empleo fortalecedor y subsistencia en el caso de los trabajadores informales, subempleados, sin seguridad social.
Estos productos tienen la característica de que, aunque aumenten sus precios, igual se siguen vendiendo, aclarando que no se falsifican al vender imitaciones por originales, sino que se venden copias de los originales o reproducciones de la TV pagada y de los accesos libres, disponibles en Internet, como beneficios de la economía global y las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, que facilitan el acceso a la grabación y reproducción de estas copias, que incumplen las disposiciones legales y convenios con la OMC y las leyes antimonopolios.
Esta competencia desleal ha afectado directamente a los negocios de alquiler y venta de discos de música y películas originales formales que se han eliminado y reducido, como Blockbuster, franquicia de EE.UU., que cerró sus locales en el país, al igual que la casa de música J.D. Feraud Guzmán.
La venta de originales está reservada como un micromercado de clase alta. Las salas de cines han tenido que rediseñar su modelo de negocios a través de los centros comerciales.
En conclusión, se requiere un proceso de regulación para fijar el nuevo precio de venta al público, pagos de impuestos al IVA y a la renta u homologarlos al sistema del RISE, que administra el SRI, para formalizar estos negocios y que se reconozcan los derechos de autor, que habría que negociar, para efectos de cumplir con los marcos jurídicos nacionales e internacionales.
Sugerimos fijar el precio de venta en $3,00 por unidad, que sería un incremento del 100% de los precios actuales para mantener esta actividad.