Desde mi perspectiva ciudadana, ajeno a lides jurídicas, y abstrayéndome de las decisiones que tome el organismo competente en relación con el reglamento que sanciona a los abogados, tengo las siguientes reflexiones que hacer sobre el particular.
He leído y oído argumentos de enfurecidos abogados porque se va a reglamentar la profesión y ninguno que acepte que los abogados, como cualquier profesional, deben actuar correctamente y que cuando no lo hacen deben ser sancionados.
El debate versa sobre constitucionalidad, competencia y más jerga jurídica, pero no sobre la necesidad de regulación. Hay más preocupación por sentirse en “entredicho” que por la protección de la ciudadanía. Hay quienes prefieren que sea un organismo distinto al CJ el que lo haga, pero al menos se esperaría que ofrecieran alguna alternativa en tal sentido para que efectivamente se controlen conductas poco profesionales que tienen consecuencias desastrosas y que se ejercen en un ámbito en el cual una sociedad se juega todos sus derechos.
No es una discusión ligera, y cuando uno lee qué es lo que busca el reglamento, ve su necesidad y por ello los ciudadanos no debemos permitir que esto se maneje a punta de leguleyadas y presiones. Los interesados tienen que saber que esta sociedad quiere que se ponga en cintura a aquellos abogados que actúan de manera ilegal, antiética y amoral.
Si para bailar un tango se necesitan dos, para corromper el sistema también. No solo un funcionario judicial corrupto, sino, además, un abogado deshonesto.
Si un abogado con mala intención maquina y usa indebidamente la ley para engañar al juez y que este tome decisiones en su favor, sin grandes conceptualizaciones, eso se llama trampa.
Si usa abusivamente la facultad que la ley da a las partes para pedir que quien juzgue un caso se aparte de él por las razones que la misma ley señala, con el fin de demorarlo y paralizarlo hasta que se resuelva el asunto, seguimos hablando de más trampa.
Ni qué decir de aquellos abogados que realizan denuncias falsas en contubernio con sus clientes o aquellos a los que sus clientes les entregan fondos para pagar por acciones corruptas, como el de sustraerse los procesos, o el de manipular las notificaciones o demorar una sentencia. Eso es trampa, y más trampa.
Estas son algunas de las cosas a reglamentar y que me hacen pensar que a veces ni una multa ni una suspensión son suficientes. El ejercicio de esta profesión debe ser sagrado, y cuando se practica en perjuicio de los derechos de los seres humanos debería retirarse la licencia profesional de por vida.