En estas semanas el país ha centrado la discusión entre los casos de corrupción, que incluso vinculan al vicepresidente Jorge Glas, y en la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno.
Respecto a esta última, entre las 7 preguntas se incluyó una para satisfacer la demanda ciudadana de autoridades de control realmente independientes. ¿La propuesta? Cesar al Consejo de Participación Ciudadana, enmendar la Constitución para reestructurarlo, y nombrar un Consejo de transición, que a su vez evalúe a las actuales autoridades y las cese, si lo considera necesario.
Para los ciudadanos, el problema son las personas. Les molesta ver al asesor del expresidente o al esposo de la asambleísta en cargos de control. Soñando placenteramente en la posible salida del Fiscal y su hermano, los miembros del CNE o el Defensor del Pueblo, hemos descuidado el asunto principal: los procedimientos. ¿Debemos mantener la atribución del Consejo de Participación de organizar concursos y designar autoridades?
Esta innovación, con tufo a novelería que se incorporó a la Constitución de Montecristi, nos está pasando factura. A pesar del discurso de que “el pasado no volverá”, algunos empezamos a extrañar la época en la que el Ejecutivo y otras autoridades proponían y el Legislativo disponía. Aunque algunos quieran negarlo, no había tanto compadrazgo ni se pasaba de un puesto a otro a conveniencia. ¡Hasta el Congreso Nacional devolvía ternas!, como ocurrió en 2005 con la de Ministro Fiscal General propuesto por la Judicatura.
Desde 2009, no hay un solo concurso organizado por el Consejo, que no haya sido cuestionado por grupos ciudadanos. ¿Las razones? El cambio de reglamentos con dedicatoria, impugnaciones desechadas a conveniencia, calificación de certificados de dudosa veracidad. Todo parece indicar que el problema no se resuelve cambiando las personas, se requiere una reforma de fondo. (O)