Durante la década de la Revolución Ciudadana se dio un golpe de timón significativo de la Educación Superior en el país, necesario pero inconsulto y por ello mismo plagado de fallos que supuso varios problemas relacionados con las dificultades de acceso de los grupos vulnerables; con una errática política de becas que privilegió a grupos que podían costearse sus estudios; con un sistema de gobierno de la Educación superior controlado por el Ejecutivo afectando así la autonomía universitaria, entre otros. Se hizo una reforma en 2018 para poner parches calientes a una ley anterior que se elaboró sin los actores del sistema, esto es estudiantes, empleados/trabajadores, y docentes/autoridades de las instituciones del sistema, pero que no alcanzó a desatar el nudo del problema de inequidad.
Hoy, un nuevo gobierno, con un enfoque opuesto a los anteriores, ha ofrecido cambios en el sistema, pero no ha quedado claro qué tipo de cambios. No sabemos si se trata de fortalecer el mercado y la desregulación, o de fortalecer a las universidades e institutos y el acceso democrático. Esta definición es clave porque de esto dependerá el rumbo de la Universidad. Nuestro país requiere democratizar el acceso, la permanencia y la titulación en educación superior a los sectores más vulnerables del país. Esto no se logró en la década correísta ni tampoco en el período subsiguiente. Podría sonar iluso pensar que ahora se realizaría tal cosa, pero el señor Lasso ofreció reformas y ahora debe evidenciarse que esos cambios se direccionen, en efecto, a favor de las decenas de miles de jóvenes ecuatorianos que no tienen oportunidades ni de empleo ni de ingreso a la educación superior.
Se han desarrollado varias investigaciones sobre educación superior en el país y se han delineado algunas propuestas. Ahí hay un material valioso que no debe ser despreciado; si la Universidad se piensa a sí misma no cabe que alguien desde su escritorio piense por ella sin conocer la complejidad de su dinámica. Por otro lado, la pandemia, a más de todos los efectos adversos que ha tenido, también ha mostrado que la educación virtual -sobre todo en la etapa de educación superior- puede ser un arma potente para ampliar el acceso sin subir excesivamente los costos.
Requerimos fortalecer la pertinencia de la Universidad frente a una sociedad que necesita construirse con crecimiento económico, pero también con democracia, pluralidad e interculturalidad. Se precisa que los actores estén representados en los organismos de decisión y que no haya un control hegemónico del Ejecutivo, ni una burocratización del sistema. Se demanda robustecer la calidad y eso no se hace desregulando para entrar en un mercadillo de ofertas supuestamente académicas con el consiguiente retorno de universidades de garaje. El cogobierno y la autonomía son principios del sistema y están consagrados en la Constitución, cualquier reforma no puede soslayarlos. Y, finalmente, estas reformas no pueden ser elaboradas sin los actores del sistema puesto que no se pueden repetir los errores del pasado, aunque con nuevos rostros.