Reflexiones sobre la devuelta Ley Orgánica de Creación de Oportunidades

Factor central de la crisis económica actual es la concepción del Estado que el correato diseñó e implementó durante sus 14 años de gobierno, del cual se deriva su excesivo e insostenible tamaño y su rol controlador, persecutorio y punitivo a la iniciativa privada que generó una estructura de corrupción generalizada e implícita en el fracasado modelo de la revolución ciudadana. Entre las principales manifestaciones fiscales que reflejan esta devastación económica profundizada por la pandemia- que, por cierto, deja expuestas las debilidades y falencias estructurales de la institucionalidad ecuatoriana- es el sistemático déficit fiscal que durante estos años presenta el Presupuesto General del Estado (PGE) y el exponencial e irresponsable incremento del peso de la deuda externa e interna (en 2007 representaba el 23% del PIB, en 2021 es del 66%).

Si bien el gobierno anterior realizó algunos esfuerzos en revertir en alguna medida el grave problema fiscal (renegociación de la deuda y la paulatina eliminación del subsidio a los combustibles), el gobierno de Lasso toma la iniciativa y entrega a la Asamblea la Ley Orgánica de Creación de Oportunidades que plantea “…promover la reactivación económica del Ecuador a través de la generación de empleo digno, el fomento a la formalidad laboral, la promoción de inversiones…, el fomento de la seguridad jurídica y el reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano”. Efectivamente, es un cuerpo legal extenso (335 artículos) incluyendo reformas a 14 leyes, cuyos ejes centrales antes mencionados y bajo el concepto de solidaridad social (quien más tiene más paga) con una mayor carga recaudatoria desde las “élites” constituye una propuesta audaz, ambiciosa y con perspectiva integral que pretende corregir rigideces y contrasentidos en la normativa actual.

El factor político es el obstáculo a superar, sobre todo por la pobreza intelectual y ética de la actual Asamblea, con las pocas excepciones del caso. No obstante, el énfasis se concentra en financiar el déficit y no tanto en resolverlo. Al mirar las cifras de “Sueldos” en el gasto en 2021 del Sector Público No Financiero se establece que es equivalente al 10,2% del PIB y la recaudación tributaria conjunta del Impuesto a la Renta y el IVA es del 9,4%; en otras palabras, lo recaudado por los principales impuestos no alcanzan a financiar los sueldos del Estado. No está en el discurso del actual gobierno, ni se identifican metas claras en este sentido. Es improrrogable e imprescindible replantear el rol del Estado y a partir de allí dimensionar su tamaño y reducirlo en consecuencia; caso contrario, Lasso gestionará su administración con una concepción del Estado e institucionalidad incompatible con su visión política, económica y social que en términos fiscales es insostenible.