El actual Gobierno inicia su gestión con enormes desafíos, entre ellos, la improrrogable necesidad de realizar reformas a la educación superior. Se mencionó reiteradamente la decisión de eliminar la SENECYT y la prueba “Ser Bachiller” para el ingreso a las universidades, dado que 200.000 estudiantes se quedan sin cupo para estudiar la universidad. Un verdadero drama social que requiere una reflexión más integral.
Los altos niveles de pobreza y desigualdad profundizados con la pandemia conllevan serias afectaciones sociales como el analfabetismo, la inequidad en el acceso a los bienes educativos, la baja calidad del sistema público de enseñanza y falta de opciones laborales especialmente para los jóvenes. Bajo este panorama, es condición ineludible articular las reformas con los otros niveles de educación como mejoras en la oferta de educación inicial, primaria y secundaria, asegurando que todos los niños y jóvenes tengan 12 años de educación obligatoria, mejorar las competencias con relación a la estructura laboral, desarrollando paralelamente un sistema integrado de educación técnico profesional y elevar en general el nivel educativo y cultural del conjunto de la población.
El anuncio de dotar de mayor autonomía a las universidades es clave en este proceso; así como una reforma a la institucionalidad que la rige bajo una concepción de regulación ágil y de incentivos, más no controladora y punitiva. La composición de los directorios del CES y CACES deben ser revisados a fin de asegurar un nuevo balance en la gobernabilidad institucional lejos de la injerencia política. La actual SENECYT se ha superpuesto y ha ejercido influencia en la gestión de las entidades antes mencionadas, por lo que urge un cambio o su eventual eliminación redistribuyendo sus funciones. Por otro lado, cualquier reforma debe diseñarse reconociendo la marcada heterogeneidad de las universidades reflejada en amplias brechas y diferencias de tamaño, ubicación geográfica, oferta y calidad académica, su condición de pública o particular que condiciona su gestión operativa, laboral y su sostenibilidad ¿Nos atreveremos a discutir la gratuidad universitaria?
El persistente afán de estandarizar el sistema de educación superior sin considerar estas diferencias puede resultar contraproducente. Avanzar en la sociedad del conocimiento y de la información, incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, e incorporar el progreso científico, la innovación educativa y los nuevos significados de la cultura, son los otros elementos que debemos asumir tan urgentes como las reformas. Solamente la acción integral nos permitirá conseguir el objetivo fundamental de la educación: asegurar el bienestar de sus ciudadanos, el desarrollo económico y la cohesión social en un mundo que vive profundas y aceleradas transformaciones. (O)