Soberanía es una palabra que desagrada a los poderes coloniales y neocoloniales. Es que en ella se resumen algunos conceptos básicos del poder público, tales como el carácter de autoridad suprema que posee el pueblo de cada país. Y esta palabra empata también con la altivez y el orgullo con que una nación maneja sus asuntos, sin someterse a poderes extranjeros o a fuerzas de presión internas.
Por todo ello, encuentro que es la palabra adecuada para definir la acción que acaba de tomar la nación argentina, a iniciativa de su presidenta constitucional, la doctora Cristina Fernández, con el fin de nacionalizar la mayoría de acciones de la empresa petrolera YPF.
Es bueno recordar que esta empresa argentina fue creada el 3 de junio de 1922 por el presidente Hipólito Yrigoyen, un líder radical que había participado en las revoluciones antioligárquicas de 1890 y 1893. Tras fundar la Unión Cívica Radical, este abogado y profesor de historia argentina se convirtió en 1916 en el primer gobernante electo por voto directo y secreto, y emprendió un importante ensayo de desarrollo del Estado nacional.
YPF tuvo como su primer director al general Enrique Mosconi, bajo cuyo mando desarrolló su capacidad de exploración y explotación petrolífera, y montó la refinería de La Plata, en competencia con empresas privadas. Más tarde, al ser nacionalizado el petróleo argentino por Yrigoyen, en su segundo gobierno, YPF se convirtió en un ejemplo de empresa pública, a través de la cual Argentina buscó su autoabastecimiento energético.
Pero toda esa historia pareció evaporarse cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem privatizó YPF, en 1992, vendiéndola a precio vil a Repsol y otros inversores minoritarios. Era un oscuro momento, en que la Argentina entera parecía estar en venta. En medio de coimas y otros actos de corrupción, se vendieron muchas empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, empresas de energía y telecomunicaciones, astilleros y siderúrgicas, canales de radio y TV, petroquímicas y otros. Los compradores fueron capitalistas extranjeros, sobre todo españoles, y grandes grupos nacionales.
A partir del gobierno de Kirchner, esas ventas empezaron a revertirse, en la mayoría de los casos por la ruinosa conducción de las empresas privatizadas. Y ese es, precisamente, el caso de YPF, cuya producción y exploración petrolera cayeron en picada en los últimos años, por falta de inversión, amenazando al desarrollo del país.
Por ello, la nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y pleno respaldo de toda América Latina.