La capital del Ecuador se encuentra en emergencia. Son varios años en que la gestión municipal deja mucho que desear. Desde que el socialismo del Siglo XXI extendió sus tentáculos en nuestra capital, haciendo gala de la demagogia que los caracteriza, se destruyó la historia, las tradiciones y símbolos de Quito dejando en orfandad a la ciudad. No contamos con plazas, parques, ni trasporte público decente; perdimos las famosas fiestas de fundación, se sepultó el empleo y el desarrollo comercial. Pero, sobre todo, perdimos la identidad de ciudad política e irreverente que aportó a la construcción de la democracia en el Ecuador en varios momentos de la historia.
Pero no solo lo bueno se pierde, ahora los capitalinos aspiramos perder al acalde Jorge Yunda. Desde hace dos años que inició su gestión, no se ha liderado un proyecto de administración en Quito y además está acusado de actos corrupción que involucran a su hijo, otros familiares y círculo colaboradores cercanos.
Por estas denuncias hay actualmente dos pedidos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda que están ventilándose en el Concejo Metropolitano de Quito y en esta semana se resolverán.
El Concejo Metropolitano está conformado por 21 concejales que cumplen, entre otras atribuciones, funciones legislativas en la gestión de la capital y como tal le corresponde también la función de fiscalización. El próximo día miércoles se deberá pronunciar si da paso o no a los pedidos de remoción que se han presentado, y de ser así, tras escuchar los alegatos, bastará con 14 votos para destituir al alcalde.
Este evento bochornoso que humilla a la capital ecuatoriana y constituye un desenlace del errático camino político de los años anteriores, es al mismo tiempo el despertar de los quiteños y quiteñas. Nos hemos cansado de los malos gobiernos y estamos atentos a la posición que cada concejal defienda próximo día miércoles esperando que defiendan la dignidad de nuestra ciudad.
Nuestros gobernantes deben estar sometidos constantemente al escrutinio público. Y como actores políticos responden por sus acciones en el nivel político. Eso constituye la sanción de destitución que podrá recibir Jorge Yunda en el Concejo Metropolitano de Quito, donde evidentemente tiene derecho a la defensa. La decisión del Concejo se puede apelar en los siguientes 10 días ante el Tribunal Contencioso Electoral que dejaría sin efecto la resolución mientras se resuelve. Sin embargo, la vía judicial sigue su curso independientemente de la vía política, y lo más coherente ante una gestión tan cuestionada es favorecer a que se continúen las investigaciones desde el ejercicio ciudadano y no desde el ejercicio de poder. El alcalde Yunda ya debió renunciar y como no lo ha hecho, el Consejo Metropolitano debería destituirle.
Es inadmisible que los concejales se sientan amedrentados ante una posible acción de repetición contra ellos por la decisión política que tomen en ejercicio de sus funciones. En días previos han intentado asemejar este caso al del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro que demandó a Colombia ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos, por su proceso de destitución. Esta comparación no tiene ningún asidero legal, el caso de Petro se admitió porque su juzgador fue la Procuraduría de Colombia y carecía de imparcialidad, sin mencionar que fue sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 15 años afectando a su derecho a la participación política consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros documentos internacionales. Aquí nos encontramos ante un escenario distinto y desde la ciudadanía estaremos vigilantes con los votos que consignan los concejales.