Es aquel que por extensión incluye a una nación o país y que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ningún culto determinado ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional.
En la Asamblea Nacional de octubre de 1906 se emitió la 12ª Constitución de la República del Ecuador llamada la Carta Liberal, cuyo interés fue el de separar a la Iglesia del Estado. La Constitución de 2008, que selló el proceso de Montecristi, en su preámbulo, no solo declara a Ecuador como Estado laico, sino que además de invocar a Dios (me parece más como una generalización filosófica de reconocimiento de la autoridad divina, pues no especifica a qué tipo de dios se refiere) celebra también a la Pacha Mama, declara su heredad en las luchas sociales de liberación frente a formas de dominación y colonialismo y reafirma su compromiso con el sueño de Alfaro. Y el Artículo 1 dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.
La visita del papa Francisco hizo que algo cambie definitivamente en el Mandatario, que actualmente cita con mucha frecuencia al máximo representante de la Iglesia católica, cuando durante varios años usaba las frases de Eloy Alfaro y la imagen de la Revolución Liberal. Esto agrava la paradoja que ya tenemos en la Constitución y, por supuesto, la definición de educación y salud sexual desde los valores de la moralidad cristiana, invita a repensar al Ecuador como Estado laico.
Definir el rol que debe tener lo religioso en la política y en la administración pública ha causado un conflicto permanente en nuestra historia. De ser una sociedad de indígenas y criollos dominados por párrocos desde el púlpito, nos atrevimos a expulsar a los jesuitas, para luego aceptar que los obispos censuren los libros, manejen la educación, acepten o nieguen sociedades e instituciones. Esto se acabó con el modernismo de la revuelta liberal, pues los alfaristas declararon la separación de la Iglesia y el Estado; pero la Constitución de 1946 volvió a invocar a Dios.
Si tomamos la Constitución de 2008 y escuchamos las ‘recomendaciones’ de un cura fundamentalista y las refutaciones de un abogado gobiernista, nos podemos dar cuenta de la confusión que tenemos, no solamente nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que dudamos y tratamos de buscar una interpretación de lo que sucede a nuestro alrededor que vaya más allá de la ‘fe religiosa’, sino también, tanto las autoridades eclesiásticas como las gubernamentales. Pareciera que los pronunciamientos del papa Francisco, repetidos en forma discrecional, son garantía suficiente de que la ética laica sea el sustento del quehacer público y del ordenamiento jurídico como lo estipula nuestra Carta Magna. Ojalá unos y otros comprendamos lo que quiso decir Jesús de Nazaret: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. (O)