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El Telégrafo
Gabriel Hidalgo Andrade

Por la boca muere el pez

15 de diciembre de 2019

Algunas inexplicables paradojas dejan las protestas de octubre. El sector más violento del movimiento indígena se acerca a la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa celebra la expedición de las medidas cautelares de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su Gobierno calificó como “basurero de la oposición”.

Se trata de una coincidencia rara. En 2013, Correa dijo que “la CIDH es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos”. Paranoico, conspiranoico y torpe. Entonces el Ecuador se ausentó a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2014 celebradas en Washington. Así se prohibió abordar los problemas de marginación de las comunidades indígenas en Ecuador. Sí, las mismas comunidades de Jaime Vargas y Leonidas Iza.

Pero en el clímax de las protestas, el 10 de octubre, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, dijo en tono furibundo “únanse al pueblo, señores de las Fuerzas Armadas. Señor comandante, quítele el apoyo a ese patojo de mierda”. Vargas se dirigía al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado parecía consumado, la democracia caía rendida al secuestro, los violentos se habían unido para tomarse el poder por la fuerza y pedirían elecciones anticipadas para instalar una Constituyente y declarar la amnistía de los encerrados y prófugos por corrupción. Pero el destino dio un giro y semanas después el expresidente Correa se lamentó por la traición de esos dirigentes indígenas.

Hoy, la misma Comisión Interamericana resuelve dar un conjunto de medidas cautelares que piden al Estado ecuatoriano proteger la integridad de los líderes correístas, detenidos por los delitos de rebelión durante las protestas de octubre. El mismo Correa y otros antiliberales celebran eufóricos la protección recibida por el sistema de la burguesía y del “basurero de la oposición”. (O)

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