Año tras año, por mandato constitucional, el presidente de la República envía la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional para su aprobación.
El Presupuesto está financiado básicamente por los impuestos pagados por personas naturales y jurídicas radicadas en el Ecuador y debe servir, exclusivamente, para el beneficio de los ciudadanos.
Se han creado ministerios e instituciones que no han servido para satisfacer las grandes necesidades de la gente, tales como la secretaria del buen vivir, la secretaria anticorrupción o el instituto espacial ecuatoriano, entre otras dependencias públicas.
El presupuesto del Estado debe financiar los servicios públicos, como la salud, la educación, la seguridad de las personas y del territorio nacional, para las relaciones internacionales, sobre todo para abrir mercados internacionales para los productos ecuatorianos, para la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial y para impartir justicia.
El Estado debe pensar en cómo gastar bien y cómo distribuir mejor el presupuesto para poner los recursos allí, en donde más se necesitan.
Ecuador debe iniciar el proceso para implementar la metodología de “Presupuesto de Base Cero”, es decir, desechar la manera caduca, acomodaticia y corrupta de programar la proforma presupuestaria anual y pensar mejor en las principales necesidades que tienen los diferentes grupos sociales.
Entendemos que es un proceso de reingeniería profunda, se debe iniciar y no solamente con la burocracia sino con el apoyo de los actores de la comunidad como son los gremios de trabajadores y de la producción, la academia y todos los expertos de los diferentes sectores de la comunidad.
Vivimos una emergencia sanitaria y la peor crisis económica de la historia y no existen los recursos suficientes para enfrentar ninguno de los hechos. Es momento de tomar las decisiones adecuadas para sacar al país adelante y uno de las obligaciones fundamentales es priorizar el gasto del recurso público. (O)